El Gobierno busca aplazar la implementación de los requisitos, y en la Cámara critican que "recién" se trabaje en fijarlos.
Desde el CRUCh dicen que éstos "hay que generarlos con las participación de todos los actores".
El Gobierno planteó aplazar la entrada en vigencia de los criterios más exigentes para la acreditación de las instituciones de educación superior, que deberán estar operativos a partir del 1 de enero de 2020, según estableció la Ley de Educación Superior promulgada en mayo de 2018.
Para ello, el Ejecutivo ingresó el 16 de enero pasado un proyecto de ley de artículo único que modifica el artículo 5 de la ley N° 21.091 y, entre otros puntos, busca postergar el inicio de la aplicación de los nuevos requisitos al menos hasta fines de septiembre de 2020, debido a que considera que el plazo actual es "insuficiente".
Asimismo, la iniciativa restituye el proceso de apelación de las entidades ante el Consejo Nacional de Educación en caso de que obtengan una mala evaluación por parte de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA).
Actualmente la CNA se encuentra realizando consultas con los rectores respecto a este asunto y a los parámetros.
"Esos criterios estándar hay que generarlos en conjunto y con participación de todos los actores, debidamente socializados, compartidos y analizados. Requieren tiempo para preparar la acreditación, y ese tiempo normalmente es dos años", comentó el rector de la U. Técnica Federico Santa María, Darcy Fuenzalida, vicepresidente alterno del CRUCh.
En tanto, el rector de la U. de Chile y presidente del Consorcio de Universidades Estatales, Ennio Vivaldi, sostuvo que "un proceso de acreditación no solamente es para castigar a quien no cumple con ciertos estándares, sino que orienta a las universidades en su quehacer".
En ese sentido, reprochó que "la desregulación extrema que se intentó imponer en Chile terminó siendo desastrosa porque se ofrecieron carreras sin ninguna solvencia".
Diputada Girardi critica que "recién ahora" se trabaje en los criterios
Para algunos sectores, a esta altura debería haber criterios medianamente listos, cuando se está cerca de cumplir un año desde la promulgación de la ley; mientras que hay dudas enfocadas en si aplazar la fecha de aplicación de estos requisitos tendrá un impacto real en cuanto a mejorar la calidad de las instituciones o si va a ser como "pasarlea las respuestas antes de la prueba".
La diputada Cristina Girardi (PPD), presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara Baja, criticó que "41 meses después de aprobada la ley recién se va a empezar a acreditar a las universidades con otros parámetros y eso (el aplazamiento) me parece altamente irresponsable, sobre todo si lo ves a la luz de lo que ha ocurrido con las últimas instituciones que se han acreditado, a pesar de que se han acreditado han sido cerradas".
"La ley se aprobó hace ocho meses y dicen ahora que están empezando a trabajar sobre los indicadores, entonces efectivamente esta cuestión no se está tomando muy seriamente", cuestionó también.
El pasado 5 de marzo el Gobierno ingresó la "suma urgencia" de la iniciativa y comenzará a ser discutido en la Comisión este lunes y está citada a exponer la Red de Universidades Públicas no Estatales (G9).
