Ex rectores y ex presidente de la CNA fueron reformalizados por acreditaciones irregulares

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Autor: Cooperativa.cl

Héctor Zúñiga, Ángel Maulén y Luis Eugenio Díaz son acusados de cohecho, soborno, lavado de activos y fraude tributario.

La defensa aseguró que las imputaciones son "erróneas".

Ex rectores y ex presidente de la CNA fueron reformalizados por acreditaciones irregulares
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La Universidad del Mar recibió más de 8.000 millones de pesos por CAE tras ser acreditada irregularmente.

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El fiscal Carlos Gajardo, jefe de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Oriente, reformalizó este miércoles los ex rectores de la Universidad del Mar, Héctor Zúñiga, Universidad Pedro de Valdivia, Ángel Maulén, y al ex presidente de la Comisión Nacional de Acreditación, Luis Eugenio Díaz, en el marco de la investigación de las acreditaciones irregulares de dichos planteles.

La Fiscalía precisó los delitos que se han atribuido durante la investigación de las irregularidades y la obtención de acreditación de distintas casas de estudio por parte de la Comisión Nacional de Acreditación, que corresponden a cohecho, soborno, lavado de activos y fraude tributario.

Tanto Héctor Zúñiga, ex rector de la Universidad del Mar, como Ángel Maulén, ex rector de la Universidad Pedro de Valdivia, son acusados de entregar dinero que justificaban con boletas ideológicamente falsas a Luis Eugenio Díaz, quien era presidente de la CNA.

Según la investigación, Díaz consiguió que una de sus hijas fuera contratada como secretaria de la U. Pedro de Valdivia a cambio de la acreditación y anualmente, tanto su esposa como hijas, retiraban cerca de 20 millones de pesos del banco.

Estos detalles se entregan ad portas del cierre de la investigación, sobre lo que detalló el fiscal jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad, Carlos Gajardo, que "han aparecido nuevos antecedentes y es necesario comunicárselos a los imputados para que puedan ejercer su derecho a defensa".

En la audiencia se precisaron "algunos elementos de los tipos penales que se han imputado relativos al lavado de dinero y a la responsanbilidad penal de personas jurídicas, precisando, en el primer caso, los montos que según la Fiscalía han sido producto del lavado de dinero, la manera en que ese lavado se ha efectuado", explicó Gajardo.

Según la Fiscalía, la Universidad del Mar recibió 10.000 millones por concepto de Crédito con Aval del Estado obtenido gracias a estas certificaciones, 12 mil millones en el caso de la U. Pedro de Valdivia y 3.000 millones en el caso de la Universidad SEK.

Defensor: Se intenta criminalizar el lucro

En el caso de la U. del Mar Héctor Zúñiga está siendo investigado por lavado de dinero, estimándose que con esos ingresos se pagaba arriendo a las inmobiliarias pertenecientes a la misma institución.

Para el abogado de Zúñiga, Juan Carlos Manríquez, "la Fiscalía lo que está haciendo es perfilar su visión de asunto".

"Abre otras posibilidades también de defensa, respecto a la precisión particular de Héctor Zúñiga. Nosotros estamos absolutamente convencidos que la imputación del lavado de activos es una imputación errónea y hoy día ha quedado de completo manifiesto. Es imposible del punto de vista técnico-jurídico construir un lavado de activo por los hechos que escuchamos hoy", afirmó el defensor.

"Yo creo que lo que se busca es tratar de criminalizar el 'delito de lucro', que todo el mundo sabe que no existe", enfatizó el jurista.

Por su parte, el abogado Mauricio Daza, representante de los estudiantes de la Universidad del Mar, explicó que "todavía se encuentra pendiente la decisión del Ministerio Público de formalizar a los dueños de la Universidad del Mar por el delito de estafa. Esto es una falta de decisión que no se ve en la otra arista".

"Lo que nosotros esperamos es que a partir del avance de esta última causa también se le dé una respuesta concreta y satisfactoria a los miles de estudiantes que están esperando una respuesta por parte del Ministerio Público", añadió.

La próxima semana vencen los dos años de plazo para concluir con las indagatorias. Una vez cumplida la fecha, en un plazo de 10 días la Fiscalía debe decidir si acusa, pide sobreseimiento o prefiere no perseverar en el caso.

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