Se trata de la U. del Mar, Pedro de Valdivia e Internacional SEK
Esta arista del caso CNA fue solicitada por el Consejo de Defensa del Estado.
El CDE solicitó que asistan a comparecer los actuales rectores de las universidades involucradas.
La Fiscalía Metropolitana Oriente formalizará por el delito de soborno a las universidades Del Mar, Pedro de Valdivia e Internacional SEK por los posibles ilícitos de que las instituciones se pudieron beneficiar con una acreditación irregular que derivó en la entrega de Crédito con Aval del Estado por más de 4.000 millones de pesos.
Los tres ex rectores de estas casas de estudio están formalizados por soborno y lavado de dinero en la causa que llevan los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena por las irregularidades en la Comisión Nacional de Acreditación (CNA).
Esta arista de la investigación fue solicitada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), y se pretende que se investiguen los fondos entregados entre el segundo semestre de 2010 hasta fines del 2011.
En el documento del CDE se pide que el día de la audiencia, que debe fijar el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, asistan los actuales rectores de las universidades en calidad de representantes legales de las personalidades jurídicas.
El abogado querellante por más de 1.000 alumnos de la Universidad del Mar, Mauricio Daza, explicó que "se acoge la tesis que nosotros sostuvimos desde un primer momento respecto de cuáles eran los delitos vinculados con el lucro en la educación superior".
Daza agregó que "esta formalización es importante ya que va a abrir la posibilidad de investigar el fondo de la situación ilícita en las universidades privadas y que tienen que ver con el montaje que se ha hecho respecto de una supuesta universidad que fuera como una pantalla para obtener ilícitamente recursos, tanto de los estudiantes como del Estado, y después repartirlos a partir de operaciones simuladas con sociedades espejo a sus controladores".
El fiscal Gajardo explicó que "nos parece que corresponde que se formalice también a las persdonas jurídicas. A partir de la dictación de la ley 20.393 es posible formalizar a personas jurídicas por la comisión de delitos y nos parece que es el paso lógico que correspondía en esta investigación una vez que creemos los delitos han cedido a favor de esas personas jurídicas".
Las universidades involucradas se arriesgan a perder la personalidad jurídica, una multa máxima de 20.000 UTM (800 millones de pesos), la prohibición temporal o perpetua para celebrar actos y contratos con organismos del Estado, la pérdida de los beneficios fiscales y el decomiso de los bienes obtenidos de manera ilícita, si es que todo esto se comprueba en el juicio oral.
