Universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica exigen conocer el detalle del proyecto de reforma.
El próximo martes se reunirán con la ministra Adriana Delpiano.
Los representantes de instituciones privadas emitieron una declaración donde acusan haber sido excluidos de forma "arbitraria".
Los rectores de las instituciones privadas de educación superior exigen conocer a la brevedad el proyecto de ley de reforma a la educación superior y que se garantice la continuidad del sistema de provisión mixta.
Estos son algunos de los puntos planteados mediante una declaración pública emitida por la Corporación de Universidades Privadas, el Consejo de Instituciones Privadas de Formación Superior (Conifos) y el Consejo de Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica acreditados (Vertebral).
Estas instituciones acusaron discriminación en torno a lo que se ha conocido respecto a las reuniones que ha sostenido el Mineduc con dirigentes universitarios y con el Consejo de Rectores, sobre la iniciativa, por medio de una declaración pública.
A juicio de los rectores, con la propuesta del Mineduc -que dará gratuidad en 2016 al 60 por ciento de los alumnos más vulnerables de las universidades del CRUCh- la gratuidad cubrirá al 100 por ciento de los alumnos vulnerables del Consejo de Rectores, frente a un 18 por ciento de los estudiantes que están en la misma condición, pero que estudian en los IP y los CFT, y a ningún estudiante de las universidades privadas.
El rector del Inacap y presidente de Vertebral, Gonzalo Vargas, aseveró que "no hay una aplicación coherente de los criterios que se dicen. En un caso se excluyen a algunos IP y CFT en función de un argumento que es distinto del argumento que se ocupa para excluir a las universidades privadas".
"Acá lo que hay es una decisión administrativa, porque no está fundada en la ley, que es de una discriminación arbitraria, y si se quiere hacer cambios, lo que tendría que hacerse es una discusión a la reforma de la educación superior en el Congreso y aprobar una ley. Por eso decimos que vamos a hacer los análisis de constitucionalidad, porque nos parece que varias de estas cosas están vulnerando el principio de legalidad que debe seguir el Estado en sus políticas", enfatizó Vargas.
Según el rector, quedarían 400 mil alumnos fuera del sistema de gratuidad, y de los 120 mil que están estudiando actualmente en Inacap, unos 70 mil estarían en condiciones de vulnerabilidad.
Desde estas instituciones privadas propusieron establecer una mesa de diálogo técnico para trabajar en torno al proyecto.
Apoyo a acreditación, pero con "acompañamiento"
Por otro lado, sobre acreditación, el presidente del Consejo de Instituciones Privadas de Formación Superior (Conifos), Rodrigo Cerda, dijo apoyar dicho proceso obligatorio, pero indicó que, además, debe existir un acompañamiento del Estado para cumplir con ella.
"No puede existir una ley que parta de la base de eliminar o terminar con las instituciones que no están acreditadas. Nosotros partimos de la base que toda institución que ha sido reconocida por el Estado tiene el derecho de ejercer su dimensión educativa", dijo.
"El Estado tiene que apoyar aquellas instituciones que, por la naturaleza de sus características -por ejemplo, instituciones regionales o artísticas- requieren apoyo para poder enfrentar el proceso de acreditación", añadió.
El próximo martes 28 de julio a las 15:00 horas se reunirán los rectores de instituciones privadas con la ministra de Educación, Adriana Delpiano, quien esta tarde llegará a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados para entregar detalles del proyecto de carrera docente, en el día previo a la votación de la idea de legislar sobre la iniciativa, lo que rechazan los docentes movilizados.
