Aldo Biagini comentó la futura formalización del plantel junto a la UDM y la SEK.
"Creemos que es necesario que se persiga la eventual responsabilidad penal de personas jurídicas", dijo Sabas Chahuán.
La casa de estudios enfrenta una acusación por soborno.
El rector de la U. Pedro de Valdivia, Aldo Biagini, aseguró que la casa de estudios no ha cometido delitos, luego que se anunciara la formalización del plantel, junto a la U. del Mar y a la U. Internacional SEK, por el delito de soborno, en relación a los posibles ilícitos derivados de la entrega del Crédito con Aval del Estado por más de 4.000 millones de pesos.
Biagini indicó que el establecimiento no ha cometido delito, considerando que esta formalización se referirá a la gestión del ex rector, Angel Maulén, uno de los imputados en la causa.
"No hay ningún delito en este sentido. Considero que Angel Maulén va a poder probar su inocencia, pero efectivamente se puede hacer una separación, porque tendrían que probar que fallamos en lo que se llama nuestra obligación de supervisar y controlar, pero vamos a demostrar que tenemos los reglamentos necesarios para ejercer esos controles, y en segundo lugar, tenemos las personas encargadas de hacer esos controles", dijo Biagini.
Las otras dos universidades aludidas no quisieron comentar esta formalización señalando que aun no son notificadas.
En tanto, el fiscal nacional, Sabas Chahuán, defendió el uso de la ley 20.393 en esta causa, normativa que permite formalizar a personas jurídicas por la comisión de delitos.
"Creemos que es necesario que se persiga la eventual responsabilidad penal de personas jurídicas. Se debe tener dentro de las empresas una evaluación de riesgo y un procedimiento para minimizar los riesgos que se cometan delitos por los integrantes de la empresa. Vamos a perseguir a quien sea, si es empresa también, da lo mismo quien sea, porque en general la responsabilidad penal de la persona jurídica deriva de una omisión culpable, una omisión en que en algunos casos puede ser dolosa", resaltó el jefe del Ministerio Público.
La investigación hacia las universidades cuestionadas tuvo un impulso cuando el CDE pidió una serie de diligencias al fiscal Gajardo, por lo que el presidente del organismo, Sergio Urrejola, valoró la audiencia de formalización.
"Es una institución que pensamos tiene que ser tratada y vista en la nueva legislación", dijo Urrejola respecto a la normativa que se usará en la formalización.
Reacción del Gobierno
A su vez, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, apuntó que los fiscales deben ocupar todas las herramientas legales que posean para perseguir a fondo estos eventuales delitos.
"El Ministerio Público está haciendo la investigación, así que dispone de toda la legislación vigente para ver cual es la que corresponde y sea más normal aplicar", manifestó el secretario de Estado.
Las universidades involucradas se arriesgan a perder la personalidad jurídica, una multa máxima de 20.000 UTM (800 millones de pesos), la prohibición temporal o perpetua para celebrar actos y contratos con organismos del Estado, la pérdida de los beneficios fiscales y el decomiso de los bienes obtenidos de manera ilícita, si es que todo esto se comprueba en el juicio oral.
