Un informe de la Contraloría General de la República con motivo del fraude al interior de Carabineros -que asciende a 26 mil millones de pesos- cuestionó traspasos por otros 23 mil millones en la institución, lo que está siendo investigado por el Ministerio Público.
Se trata de un reporte del organismo con fecha 6 de febrero de 2018, enviado al fiscal nacional, Jorge Abbott, y al ministro del Interior, Mario Fernández. Además, el fiscal Eugenio Campos, quien investiga el fraude, también recibió los antecedentes la semana pasada y ya comenzó con las pesquisas, informa el diario La Tercera.
De acuerdo al documento, entre 2005 y 2016, "a la Dirección de Bienestar (Dibicar) le correspondió recibir excedentes de la Mutualidad (Mutucar) de Carabineros por un total de 23.574.074.551 pesos, monto que debió formar parte de su patrimonio de afectación fiscal", pero "tal cifra no ingresó en sus arcas, pues con ellos compensó deudas adquiridas con dicha aseguradora".
El informe detalla que la Dirección de Bienestar no contabilizó los ingresos que generó como excedentes por más de 23 mil millones de pesos y tampoco las deudas que adquirió con la mutualidad por convenios suscritos con la aseguradora por más de 16 mil millones para financiamiento inmobiliario, obras de reparación y compra de inmuebles.
De esta forma, a través del oficio N°310 del 13 de septiembre de 2017, Carabineros informó al órgano contralor que aunque tales operaciones no se ingresaron a la contabilidad de la Dirección de Bienestar, existen los respaldos de estos bienes inmuebles construidos y adquiridos con los recursos en cuestión.
Mutucar es una corporación de seguros y de sistema de previsión para el personal activo de Carabineros, PDI y sus familias, que debe asignar el 40 por ciento de los excedentes a ayudar a los servicios de bienestar social de ambas instituciones y organizaciones de personal en retiro, y el 2 por ciento restante para el Departamento de Bienestar de los trabajadores de la mutualidad.
La mutualidad es administrada por un consejo de nueve integrantes, de los cuales tres lo son por derecho propio, entre ellos, el general director de Carabineros (Bruno Villalobos), quien lo preside; el director de Bienestar de Carabineros, general Manuel Letelier, que se desempeña como vicepresidente, y el director general de la PDI (Héctor Espinosa).
"Mecanismo resulta improcedente"
"¿Procede que la Dirección de Bienestar compense las deudas que tiene con la Mutucar con los recursos que debe recibir de esa Mutualidad?", se preguntó en su investigación el órgano contralor, cita el rotativo.
Luego de las averiguaciones realizadas, Contraloría concluyó que el "mecanismo resulta improcedente", por lo que la entidad tendrá que adoptar medidas para evitar la existencia de "operaciones compensadas".
Pese a lo argumentado por Carabineros, el ente fiscalizador señaló que "lo descrito da cuenta de que la contabilidad de la Dibicar no revela la estructura financiera real de su patrimonio, lo que, sumado sobre la falta de registro íntegro de los inmuebles de la entidad, afecta la razonabilidad, oportunidad e integridad de la información contable".
Contraloría ordenó a Bienestar de Carabineros registrar en su contabilidad la deuda que mantiene con la Mutualidad, lo que tendrá que ser acreditado en un plazo de 30 días hábiles desde el 6 de febrero de 2018 y que contabilice todas las operaciones financieras y económicas, "con el objeto de que su información contable sea íntegra y fidedigna".
Altas autoridades en el Consejo: "un potencial conflicto de intereses"
Además, también cuestionó: "¿Corresponde que personal de servicio activo de Carabineros, que desempeña funciones en la Dibicar, en esa calidad y en razón del cargo que ocupa, integre el directorio de la Mutualidad de Carabineros?".
Al respecto, el ente fiscalizador concluyó que "no procede que altas autoridades de Carabineros y de la Policía de Investigaciones integren el Consejo de Administración de esa mutualidad, por cuanto la labor que les corresponde realizar como consejeros no se concilia con su posición institucional".
En ese sentido, apunta que "lo anterior cobra relevancia si se considera que sus esferas de influencia, generadas en virtud del régimen jerárquico que rige en esas instituciones policiales, se proyectan en esa entidad privada, y a la inversa, lo que se traduce en un factor objetivo de un potencial conflicto de intereses".
Desde Carabineros descartaron cualquier ilegalidad
La Tercera señala que desde Carabineros descartaron cualquier ilegalidad en el proceso de traspaso de dineros y que "la Dirección de Bienestar remitió en los descargos a la Contraloría una carpeta completa con títulos de dominio, los que acreditan que Bienestar adquirió con dichos fondos para su patrimonio de afectación fiscal diferentes inmuebles".
"Respecto de la expresión 'improcedente' que utiliza la Contraloría, ella se encuentra exclusivamente circunscrita a la observación asociada a las atribuciones que tiene el director de Bienestar respecto de las operaciones con la Mutualidad de Carabineros", ya que "si bien la Mutualidad es 'acreedora' de un monto respecto de Bienestar a título de excedentes, al cabo del año financiero pasa a ser también 'deudora' para la entrega del resultado anual de dichos montos", argumentó.
Carabineros explicó que "tal como lo reconoce" la Contraloría, Bienestar informó que a partir de este año se recibirá el monto que le corresponde a sus excedentes por parte de la Mutualidad, y posteriormente, se le pagará a la aseguradora la deuda, "en dos actos separados, sin que opere la compensación".
