El ex Presidente consideró "urgente" aumentar la protección a Carabineros y enfrentar a los "encapuchados".
"Sólo así la ciudadanía podrá vivir con mayor paz y seguridad", afirmó.
La norma convertía en delitos las tomas de colegios, los cortes de tránsito y el uso de capuchas.
El ex Mandatario consideró "un grave error debilitar a Carabineros".
El ex Presidente Sebastián Piñera se sumó este jueves a las voces que, desde la Alianza, han criticado la actitud adoptada por el Gobierno de Michelle Bachelet frente al caso del estudiante Rodrigo Avilés.
En línea con la actitud adoptada por la UDI, el ex Mandatario acusó a La Moneda de "debilitar a Carabineros", lo que consideró "un grave error".
No obstante, fue más allá y, aludiendo a los recientes desmanes registrados en manifestaciones públicas -como la marcha nocturna de la semana pasada-, llamó a reflotar y aprobar el "Proyecto de Ley que Fortalece el Resguardo del Orden Público", más conocido como "Ley Hinzpeter", que él mismo presentó bajo su Gobierno.
"Grave error debilitar a carabineros. Urge aprobar ley Gob anterior q protege mejor a carab. Pq lo necesitan y les permite protegernos mejor", escribió Piñera en su cuenta de Twitter.
El ex Mandatario agregó en la red social que también "es necesario aprobar leyes de control preventivo de identidad y antiencapuchados".
"Así la ciudadanía podrá vivir con mayor paz y seguridad", sentenció.
Grave error debilitar a carabineros. Urge aprobar ley Gob anterior q protege mejor a carab. Pq lo necesitan y les permite protegernos mejor
— Sebastian Piñera (@sebastianpinera) junio 4, 2015
Tb es necesario aprobar leyes de control preventivo de identidad y antiencapuchados. Así la ciudadanía podrá vivir con mayor paz y seguridad
— Sebastian Piñera (@sebastianpinera) junio 4, 2015
La historia
El "Proyecto de Ley que Fortalece el Resguardo del Orden Público" fue ingresado al Congreso por el Gobierno anterior en octubre de 2011 -en pleno periodo de las masivas manifestaciones estudiantiles-, con las firmas del Presidente Piñera, el ministro del Interior de la época, Rodrigo Hinzpeter, y su par de Justicia, Teodoro Ribera.
La discusión de la normativa generó una intenso debate político que se extendió por más de dos años, hasta diciembre de 2013, cuando la iniciativa fue definitivamente rechazada por el Congreso.
Los líderes estudiantiles y la oposición de la época acusaron a Piñera y Hinzpeter de intentar "criminalizar la protesta social", mientras hacia fines de 2013, en plena campaña presidencial, la derecha acusaba a la Nueva Mayoría de estar "a favor de los encapuchados".
Lo que proponía la "Ley Hinzpeter"
La normativa en cuestión (ver archivo adjunto) proponía introducir una serie de modificaciones al Código Penal en orden a "perfeccionar y fortalecer las normas que permiten el efectivo resguardo del orden público", para evitar la "impunidad" de quienes cometían desmanes en las marchas.
En esa línea, buscaba "tipificar concretamente aquellos actos que constituyen el delito de desórdenes públicos" y garantizar que quienes incurrieran en él fueran "sancionados efectivamente".
Caían dentro de esta condición "quienes participen o hayan incitado, promovido o fomentado, desórdenes o cualquier otro acto de fuerza o violencia que importe la realización de determinados hechos graves como paralizar o interrumpir algún servicio público".
También quienes realizaran tomas -"mediando fuerza o violencia"- de "establecimientos comerciales, industriales, educacionales, religiosos o cualquiera otro, sean privados, fiscales o municipales".
El delito de desórdenes públicos consideraba, asimismo, las acciones para impedir "la libre circulación de las personas o vehículos por puentes, calles, caminos", los atentados "en contra de la autoridad o sus agentes" y el uso de "armas de fuego, cortantes o punzantes, artefactos o elementos explosivos, incendiarios o químicos u otros capaces de producir daños a las personas o a la propiedad".
Antiencapuchados
Además, proponía la "agravación de las penas por delitos de desórdenes públicos cuando se actúa encapuchado o con otro elemento que impida, dificulte o retarde la identificación del hechor".
"El proyecto propuesto agrava las sanciones a quienes cometan los delitos ya descritos anteriormente intentando ocultar su identidad mediante capuchas u otros medios destinados al efecto", se leía en la iniciativa, que también apuntaba al "fortalecimiento de la protección de la autoridad".
Así, "cuando el personal de las Fuerzas de Carabineros y la Policía de Investigaciones son agredidos con ocasión del cumplimiento de su deber, ello debe entenderse como un atentado contra la autoridad y debe ser sancionado consecuentemente".
Por lo mismo, restringía las medidas alternativas a la privación de libertad para "quienes atenten contra la acción de las autoridades, particularmente, de Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones".
Finalmente, el proyecto disponía "incorporar una nueva facultad para las Fuerzas de Orden y Seguridad para que éstas puedan solicitar la entrega voluntaria de grabaciones, filmaciones u otros medios electrónicos que puedan servir para acreditar la existencia de delitos o la participación en los mismos, sin orden previa del fiscal".