El caso se conoció a través de un video, cuando policías amenazaron incluso con un arma de fuego a Juan Berríos.
Según el Comité de DDHH de La Legua Emergencia los tres funcionarios que están imputados arriesgan 541 días de prisión.
La defensa de los imputados pidió el cierre de la investigación.
El Comité de Defensa y Promoción de Derechos Humanos de La Legua Emergencia pidió severas sanciones contra los funcionarios de Carabineros involucrados en una serie de agresiones contra un joven drogadicto de 30 años, Juan Berríos, las cuales quedaron registradas en un teléfono celular de uno de los uniformados y que se conocieron en diciembre de 2010.
En las imágenes se puede ver a los carabineros de la 50ª Comisaría amedrentando a Berríos, obligándolo a bailar y a cantar al interior de dependencias y vehículos policiales, aunque la más brutal de estas agresiones tuvo lugar en diciembre de 2010, cuando un grupo de carabineros obligó al joven a insultar a otros funcionarios y luego fue sometido a una verdadera tortura psicológica, haciéndole creer que sería ejecutado al interior de un vehículo policial al ser apuntado con un arma de fuego cargada.
Producto de que uno de los funcionarios agresores grabó el episodio con su celular, y luego perdió el aparato, los hechos fueron conocidos por toda la ciudadanía a través de un reportaje realizado por Canal 13.
Según señala el Comité de DDHH de La Legua Emergencia, la defensa de los imputados pidió el cierre de la investigación, por lo cual el Juzgado de Garantía citó a una audiencia que se realizará el 19 de noviembre.
La audiencia tiene la finalidad de concretar el cierre de la investigación y dar curso a un procedimiento abreviado, vía que, de prosperar, significará que la pena que arriesgan los tres funcionarios involucrados -Reinaldo Alex Soto Saavedra, René Luis Cárdenas Gacitúa y José Jonathan Quilodrán Sanhueza- es la mínima asignada al delito de apremios ilegítimos, 541 días de prisión.
"La situación nos parece, como Comité de DD.HH. de la población, sumamente preocupante, pues los hechos ocurridos son gravísimos, de un inusitado nivel de violencia y teniendo como víctima a una persona que, por su situación de drogodependencia y el deterioro de sus facultades mentales es absolutamente vulnerable", indicó la agrupación.
"Creemos que hechos como los descritos no pueden quedar impunes. Es necesario que tengan una sanción acorde a su gravedad, y que llegue la justicia que Juan Berríos y su familia tanto esperan. Que estos hechos no queden impunes es también una importante señal para la sociedad chilena que materialice la idea de que todos los ciudadanos están protegidos frente a la arbitrariedad en el uso de la fuerza policial", añade el comité.
Además, acusaron que pese a que la oficina de Derechos Humanos de la Corporación de Asistencia Judicial presentó una nueva querella en que aparecían como querellados seis funcionarios –además de los mencionados se indicaba a Juan Carlos Sepúlveda Contreras, José Antonio Sepúlveda López y Javier Andrés Luna Lavín- pero sostuvieron que "la investigación, conducida por el fiscal Víctor Venegas, no ha tenido avances significativos y la situación del caso sigue siendo prácticamente la misma, es decir, se ha mantenido la investigación únicamente en contra de los funcionarios Soto, Cárdenas y Quilodrán por el delito de apremios ilegítimos".
Los seis funcionarios de Carabineros mencionados fueron dados de baja por la institución tras conocerse los hechos.
