El contralor de la República, Jorge Bermúdez, desestimó que haya habido buena fe de parte de la ex subdirectora operativa de Gendarmería Myriam Olate, ex esposa del diputado Osvaldo Andrade, al tramitar su pensión en Dipreca (Dirección de Previsión de Carabineros).
Bermúdez fue el primer invitado a las comisiones investigadoras unidas que indagan los jubilazos en Dipreca y Capredena, que se conformaron tras el escándalo de la millonaria pensión otorgada a Olate.
En esta instancia, admitió que Contraloría tomó razón de esa jubilación solo cinco días después de que él asumió el cargo y con un fin de semana de por medio.
"Esa pensión no era imponible en Dipreca, sino que en AFP, en el régimen normal y dado que eso lo había dicho expresamente la Contraloría y lo había notificado a la interesada, nosotros no podemos seguir presumiendo la buena fe", expresó.
Sostuvo que "esa pensión se cursó a fines del 2015, el día 22 de diciembre. Yo asumí en la Contraloría el día 17 de diciembre a las 14:00 horas bajo mi responsabilidad y es por eso que ordenamos que se hiciera la invalidación y ordenamos también este sumario".
"¿Implica esto responsabilidad penal? Es imprudente si yo lo dijese, pero sí pusimos los antecedentes a cargo de quien le corresponde determinar eso y hacer la investigación, que es el Ministerio Público", aseveró Bermúdez.
Durante su exposición, el contralor explicó el marco normativo de las pensiones en la institución penitenciaria, señalando que los funcionarios en Gendarmería -por norma general- deben cotizar en el sistema de AFP, salvo los oficiales y vigilantes que están en Dipreca y algunos profesionales, administrativos, técnicos y auxiliares que fueran destinados en forma permanente a prestar servicios en una "unidad penal", definición que está a criterio del director nacional.
"Más o menos un tercio de pensiones están sobre el tope"
Además, Bermúdez recordó que hay un sumario interno en el organismo para determinar por qué se tomó razón de la pensión de Olate y otras pensiones por sobre el tope legal de 60 UF (1.573.440 pesos) y confirmó que hace ya un mes los primeros antecedentes de esa investigación fueron enviados también a la Fiscalía de Alta Complejidad.
Respecto a cuántas son las pensiones en gendarmería pagadas irregularmente y cuánto daño representan, el contralor declaró que "solo este daño el Estado dejaría de perder o de pagar debidamente 1.000 millones de pesos o casi 1.000 millones de pesos producto de la aplicación de la ley".
"¿Cuánto se pagó hacia atrás? Eso solo lo vamos a saber cuando esté totalmente claro cuáles son los excesos. Por ejemplo, de las 433 pensiones que se han cursado en estos seis años, nosotros calculamos que más o menos un tercio están sobre el tope, que corresponden a las del año pasado", recalcó.
Situación de ex subsecretario de Aviación "sería ilegal"
La comparecencia del contralor a la Cámara de Diputados se produjo cuando se conoció la situación del ex subsecretario de Aviación Raúl Vergara -quien fue jefe de gabinete del general Alberto Bachelet hasta el golpe militar de 1973-, el cual aumentó su pensión de Capredena desde uno a cinco millones de pesos tras su paso por el Gobierno en la primera administración de Michelle Bachelet.
Sin entrar en el fondo de los antecedentes, Bermúdez reaccionó señalando que "probablemente, y esto es solo una intuición, esto es solo simplemente algo que podría haber ocurrido, es que esta persona haya hecho lo que se denomina una reliquidación de la pensión y, por lo tanto, que haya podido optar a esa mejor pensión".
Agregó que "podría darse ese supuesto y habría que ver si efectivamente esa persona ha estado o no en el régimen de remuneraciones de Fuerzas Armadas todavía o estaba en el régimen de escala única de sueldos, en cuyo caso habría que ver si eso era legal o no, que yo diría que no".
"En un régimen de reparto en ninguna parte del mundo hay pensiones de 10 mil dólares ni de 5.000 dólares. Por lo tanto, sin ver ninguna ley, a uno le tiene que llamar la atención. Si se pagan pensiones de ese nivel, evidentemente no solo hacen quebrar el sistema, sino que probablemente un ejercicio abusivo del derecho", sentenció.
En tanto, el vicepresidente ejecutivo de Capredena, Cristián Rojas, estaba convocado también a la comisión, pero finalmente comparecerá en la próxima sesión.
