Mauricio Lazcano Silva confesó haber recibido sobornos por parte de una empresa que buscaba adjudicarse licitaciones.
"Es responsable de los hechos que se le atribuyen y espera una pena justa", dijo el defensor del imputado.
Lazcano quedó con arresto domiciliario parcial durante los seis meses que se otorgaron para la investigación.
Por los delitos de estafa reiterada, cohecho reiterado y negociación incompatible fue formalizado el lunes el mayor en retiro del Ejército Mauricio Lazcano Silva, ex jefe de bienestar del Ejército que se autodenunció por estar involucrado en un millonario fraude a instituciones financieras.
Lazcano confesó haber recibido coimas por parte de Power-Ti, una empresa que competía para adjudicarse licitaciones de software, cuyos dueños, Claudio Marín y Eduardo Olmedo, también enfrentaron al Séptimo Juzgado de Garantía.
"Él es responsable de los hechos que se le atribuyen. Por eso espera una pena justa, considerando los atenuantes que lo favorecen", señaló el abogado defensor de Lazcano, Ángel Valencia, quien destacó la colaboración de su cliente con la Justicia.
El militar -ex jefe del Comando de Bienestar del Ejército- quedó sujeto a la medida cautelar de arresto domiciliario parcial desde las 22:00 hasta las 06:00 horas, mientras Marín y Olmedo quedaron con arraigo nacional.
El fiscal de alta complejidad José Morales explicó que en este caso "hay dos tipos de ilícitos: unos que son en calidad de funcionario público, en los cuales lo que hacían estas personas era, en el marco de ciertas licitaciones en el Comando de Bienestar del Ejército, se le pagaba por esta empresa al señor Lazcano para efectos de asegurar que éstas fueran efectivamente adjudicadas a la empresa Power-Ti S.A., y luego esta empresa, a su vez, le pagaba al señor Lazcano parte de los montos que recibía del Fisco de Chile".
"En cuanto a los delitos de estafa, lo que hacían estas personas era que simulaban facturas falsas como verdaderas, engañaban con eso a los factoring y obtenían que los factoring les dispusieran cantidades de dinero que normalmente iban alrededor de los 500 millones de pesos. Eso lo hicieron regularmente, hasta que en algún momento son descubiertos y, obviamente, ya no pueden pagar las facturas que estaban pendientes, que a su vez las iban pagando con otras que iban sucesivamente ofreciendo a las empresas", detalló Morales.
El persecutor indicó además que "hay pagos del Ejército por licitaciones que se realizaron a través del sistema de mercado público y la Fiscalía está investigando si esos servicios efectivamente fueron prestados, pero son licitaciones que se hicieron dentro del marco legal".
El tribunal determinó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación, que fue considerado prudente por las partes.
