Hasta La Moneda llegó el accionar de las autoridades del Ministerio de Bienes Nacionales, que el pasado 19 de febrero ingresaron al fundo Mónaco de Centinela para reabrir la playa al público, en la comuna de Pichilemu, Región de O'Higgins.
En la instancia, fueron tres los candados que fueron rotos por personal de Carabineros, en conjunto con la entonces ministra (s) de la cartera, Alejandra Bravo; el seremi de Bienes Nacionales, Christian Villegas; el gobernador de Cardenal Caro, Carlos Ortega; y se cursaron las primeras multas desde que se promulgó la ley de libre acceso al mar, lagos o ríos.
Luego de ese hecho, Elisa Jaramillo, dueña del sitio 8 del fundo -por el cual accedieron las autoridades-, y su hermano Marcos Jaramillo, dueño del sitio 10 -por el cual ingresaron a la playa-, interpusieron un recurso de protección en contra del Estado de Chile y su representante, el Presidente Sebastián Piñera, ante la Corte de Apelaciones de Rancagua, según consigna este sábado La Tercera.
En el escrito aseguran que las autoridades "ingresaron, rompiendo el primer candado, por puerta de Los Patos, Hijuela o Lote 8, la que no corresponde a la entrada a la vía de acceso fijada por Resolución N° 5 de 2 de julio de 1984. O sea, propiedad privada".
En ese contexto, acusan que "actuaciones arbitrarias e ilegales realizadas por representantes y órganos del Estado de Chile" privaron y amenazaron el ejercicio de sus derechos, entre ellos a la vida y a la integridad física y psíquica, además de la igualdad ante la ley, el respeto y protección a la vida privada y a la honra.
De acuerdo con el matutino, el tribunal de alzada acogió la tramitación del recurso y posteriormente, el 27 de febrero, envió una carta al Mandatario para solicitarle un informe que debía entregar en un plazo de ocho días con todos los antecedentes del hecho. El 13 de marzo Piñera, a través de la Segpres, pidió la ampliación del plazo.
El documento de la Corte estipulaba que, de no cumplirse la solicitud, se aplicará "alguna de las medidas contempladas en el N° 15 del Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales", que pueden ser amonestación privada, censura por escrito y multas.
Marcos Jaramillo reprochó que "lo más grave de todo es que no han respondido nada (a la Corte de Apelaciones). Llevamos 20 días o más y no hay ninguna respuesta, solamente se limitan a pedir plazo. Este famoso recurso de protección no protege a nadie".
Y además de denunciar que desde que sucedió el hecho desconocidos han ingresado a su propiedad, emplazó que "estos errores deben tener un costo, el que debiera ser la renuncia tanto del ministro de Bienes Nacionales, como la subrogante y todos los otros personajes que hicieron posible esta falta enorme al ciudadano, a la democracia".
