El vocero Marcelo Díaz explicó las diferencias en los números del Ministerio de Justicia y de la Unicef.
Según La Moneda, hubo 15 decesos en centros del Sename en 2010, mientras que el organismo de la ONU registró 75 fallecimientos.
El vocero de Gobierno indicó que los informes entregados por el Ejecutivo no contemplaron a los menores infractores de ley.
El fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, quien indaga las muertes de niños en centros del Sename desde 2005 a la fecha, encargó diligencias para sumar a la investigación un informe de la Unicef que registró el deceso de 75 menores de edad bajo la tutela del Estado durante 2010.
Este dato difiere del informe entregado por el Gobierno a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, que detectó sólo 15 decesos en organismos dependientes del Sename ese mismo año.
Esta diferencia en los reportes generó que el Gobierno saliera a explicar la situación en palabras del ministro vocero, Marcelo Díaz, quien detalló que el informe del Ministerio de Justicia no incluyó a infractores de ley ni a mayores de edad bajo cuidados del Sename.
"Lo que entiendo es que Unicef está revisando y cotejando sus cifras, pero, particularmente, la cifra que entregó el Gobierno, en virtud de la solicitud que hizo una comisión investigadora de la Cámara, responde a niños menores de 18 años que ocurrieron en recintos bajo la tuición del Sename, en el marco de la línea de vulnerabilidad, no así en el caso de menores infractores de ley", señaló el titular de la Segegob.
Sename: El Gobierno de Piñera utilizó distintos parámetros
El propio Servicio Nacional de Menores también salió al paso de la polémica de las cifras, asegurando que la administración de Sebastián Piñera utilizó criterios distintos al reportar los fallecidos.
"Tras una revisión acuciosa del registro de información en el sistema SenaInfo pudimos detectar que las autoridades del gobierno del ex Presidente Sebastián Piñera, al momento de reportar a Unicef el número de niños, niñas y adolescentes fallecidos en 2010, utilizaron criterios distintos a los empleados por Sename para responder el requerimiento de la Cámara de Diputados formulado en mayo de 2016", dijo la entidad en un comunicado.
"En el reporte de 2010 se consideró la totalidad de los servicios del Sename en materia de protección y se incluyó, además, a los mayores de edad".
También se agregó "a aquellos niños, niñas y adolescentes atendidos en programas ambulatorios, quienes no se encontraban en residencias de organismos colaboradores ni en Centros de Reparación Especializada de Administración Directa (CREAD)".
El organismo sostuvo que "de acuerdo a la cifra entregada a la Comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre los fallecimientos de niños y niñas en residencias y centros de administración directa, se consideró solamente a los menores de edad y de proyectos residenciales".
"De ahí la razón de por qué se produce la diferencia entre los 75 fallecimientos informados a Unicef en el gobierno anterior y los 15 fallecidos que se reportaron por Sename este mes", finaliza.
Francisco Estrada, ex director del Sename durante el Gobierno de Sebastián Piñera, afirmó que "el número que entrega el Ministerio de Justicia, de 185, es un número que yo no valido. En los centros del Sename hay al menos, en mi contabilidad personal, 15 casos de muertes adicionales".
Estrada ejemplificó con "los 10 chicos de Puerto Montt de 2007, un chico que murió en Talca en 2010 y tres suicidios entre 2008 y 2009 y un homicidio en 2014 en Tiltil, por tanto, el número de 185 está registrando, al parecer, sólo el área de protección de derechos, no todos los centros del Sename".
Comisión pedirá explicaciones a Unicef
Desde el Congreso, el diputado PPD Ramón Farías señaló que, debido a esta diferencia entre los informes del Gobierno y la Unicef, se citará a declarar al personal de esta última entidad para que "dé explicaciones".
"Estamos preocupados por estas cifras, porque no coinciden en lo absoluto con lo que se nos envió y con lo que nos entregó el Sename y el Ministerio de Justicia", sostuvo.
"Lo que yo voy a solicitar -lo hemos conversado con el diputado (René) Saffirio (ex DC)- es citar y pedir que venga la Unicef a darnos explicaciones, porque cuando uno ve las cifras respecto a otros países que son ocho, siete, 15, no se condicen con los 75 que aparecen en (el informe de) Unicef", dijo el parlamentario.
El propio Saffirio remarcó que "existe una evidente contradicción entre la información entregada por Unicef y la información entregada por el Ministerio de Justicia. El mismo informe da cuenta de la realidad de la institucionalización de los niños, niñas y adolescentes en Chile".
"Vamos a solicitar a la comisión que invite a la representante de Unicef en Chile para que desglose esta información y podamos cotejarla con información entregada por el Ministerio de Justicia", añadió.
Unicef valora "acuerdo transversal"
Unicef Chile valoró, a través de una declaración pública, "que exista un acuerdo transversal en torno a mejorar las condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes que están bajo la protección del Estado".
Debido a esto, el organismo internacional "espera que las diferentes instituciones del Estado y de la sociedad civil relacionadas con la infancia vulnerada en sus derechos, hagan todos los esfuerzos necesarios para garantizar el pleno respeto de sus derechos, teniendo en cuenta el interés superior del niño".
Sobre las cifras en cuestión, Unicef aclaró que "no ha levantado información propia sobre el tema" y que "no cuenta con datos generados por el organismo sobre esta materia".
Personal sin "condiciones mínimas de preparación"
El fiscal Emilfork ha continuado realizando diligencias en la Región Metropolitana para seguir recabando mayores antecedentes respecto de esta investigación.
En tanto, Sebastián Lafaurie, abogado de la madre de Lissette, la niña de 11 años que murió en el centro Galvarino, ubicado en Santiago y luego del cual un grupo de jueces recomendó su cierre, aseguró que existe responsabilidad penal de la institución por la poca preparación de los funcionarios.
"En la investigación que hemos hecho pudimos percatarnos de que el personal que estaba a cargo de Lissette la noche en que falleció ella no tenía las condiciones mínimas de preparación: había personal no capacitado, que según subcontratación interna acredita tener solamente cuarto medio y ningún curso (especializado). Tampoco hay profesionales capacitados. El único responsable, a nuestro juicio y de la familia de Lissette, es el Sename y el Ministerio de Justicias y Derechos Humanos", comentó el jurista.
