La Municipalidad de Curicó fue transformada en una verdadera "agencia de viajes".
Ésta fue la conclusión que explicitó el Juzgado de Garantía de la ciudad al dar a conocer, el jueves, las sentencias en contra de un grupo de actuales y ex concejales acusados del delito de fraude al fisco por haber rendido -mediante documentación falsa- gastos de viáticos por viajes de capacitación no realizados.
"Aquí ha primado su interés personal por sobre el interés público. El bien jurídico protegido ha sido lesionado al no haber velado por los intereses del fisco, con economía y eficiencia. Han fallado al deber de probidad", señaló el fallo, leído por el juez Jorge Valenzuela.
"La conducta de los imputados fue mentir en forma sistemática y aprovecharon su poder, la falta de fiscalización y las falencias del sistema para transformar el municipio curicano en una agencia de viajes para los concejales", consignó la sentencia.
El tribunal resaltó que "nadie ha sabido en la ciudad que otros funcionarios municipales hayan viajado tanto financiados por el municipio".
A la vez, subrayó que "no puede sostener que hay un incumplimiento administrativo quien ha presentado boletas y facturas falsas: esto es delito, por ello la sanción".
El detalle de las condenas
Las condenas para los "concejales viajeros" van desde los 61 hasta los 303 días de presidio.
La lista la encabeza el ex concejal Luis Trejos, con dos penas de 61 días cada una, más otras dos penas por 108 días cada una (338 días en total); seguido por la ex concejal Julieta Maureira, con tres penas por 61 días cada una, y otra por 120 días (303 días en total).
El "concejal viajero" Luis Trejos fue quien recibió la mayor condena. (Foto: ATON)
Más atrás se ubican los ex concejales Luis Rojas y Enrique Soto (dos penas de 61 días cada uno, 122 en total), el ex concejal Miguel Ángel Limardo (120 días) y el ex concejal Nelson Trejos (61 días).
A actual concejal Leoncio Saavedra se le impusieron dos penas de 61 días cada una (122 días), y a sus colegas Jaime Canales y Mario Undurraga una pena de 120 días y otra por 61 días más (181 días en total).
La totalidad de los condenados quedaron con la prohibición absoluta para ejercer cargos u oficios públicos durante el tiempo que dure la condena, junto con multas equivalentes a un 20 por ciento de lo defraudado y al pago de un millón de pesos -cada uno- por concepto de costas del juicio.
Fiscalía y defensas conformes
Los condenados cumplirán su pena en libertad, pero no con remisión, sino sometidos "a un control mensual ante Gendarmería", destacó el fiscal Francisco Ávila.
Las partes intervinientes en el juicio tienen un plazo de 10 días para decidir si recurren de nulidad. La abogada María Jesús Roldán, defensora de Luis Rojas, reconoció que, por tratarse de penas bajas, se debe analizar con prolijidad si se realiza o no.
"No es una pena de inhabilidad tan alta... Vamos a evaluar si recurrimos, porque tampoco nos afectaría", dijo Roldán.
