En diciembre de 2009, dos hombres estaban trabajando a cuatro metros de profundidad cuando se rompió una matriz, muriendo aplastados.
Corte Suprema condenó al municipio de Portezuelo y a la constructora responsable de la obra.
Una indemnización de 125 millones de pesos por concepto de daño moral recibirán los familiares de los dos obreros que murieron en el derrumbe de la construcción de alcantarillado en la comuna de Portezuelo, Región de Ñuble.
Los hechos se remontan al 14 de diciembre de 2009. Ese día, Roberto Hormazábal y Miguel Sanhueza estaban instalando tubos de PVC a cuatro metros de profundidad cuando una matriz de agua se rompió, muriendo ambos aplastados.
La Corte Suprema condenó a las sociedades GD Ingeniería y Construcción Limitada y Distribuidora General Supplyes Limitada a pagar 100 millones de pesos y según planteó el abogado Francisco Hurtado, representante de las familias de las víctimas, el accidente "se debió a que la obra donde trabajaban no contaba con las adecuadas medidas de seguridad y procedimientos específicos para excavaciones".
"Por otra parte se ejecutaba sin haberse realizado por la mandantes un adecuado control de los trabajos y de las estructuras de seguridad para el personal", añadió el jurista.
Asimismo, la Municipalidad de Portezuelo deberá pagar los restantes 25 millones, ya que el máximo tribunal acogió la tesis de Francisco Hurtado, quien demandó que el municipio "no supervisó el contrato de obra licitado a la empresa constructora, como es llamado por ley a hacerlo".
En el fallo de la Suprema, se desglosa el monto de indemnización:
"a) 37 millones de pesos para María Lagos Orellana y la misma suma para Sonia Andrades Muñoz, la primera cónyuge de Miguel Tobías Sanhueza Alvear y la segunda, conviviente de Roberto Domingo Hormazábal Toro;
B) 13 millones para cada uno de las hijas de Miguel Sanhueza Alvear y Roberto Hormazábal Toro, con excepción de Luis Sanhueza Lagos, hijo del primero de los mencionados, a quien se le otorga un monto de 25 millones".
