Los deudos exigen 1.500 millones de pesos para cada hija y el mismo monto para la pareja.
Acusan que el casino fue negligente en el deber de cuidado y protección de la vida de la trabajadora.
La mujer murió el día de su cumpleaños 34 a manos de un apostador violento.
La familia de Carolina Carreño Ávila, la crupier asesinada por el veterinario Osvaldo Campos en el tiroteo registrado el pasado 2 de julio, presentó una demanda por 4.700 millones de pesos contra el casino Sun Monticello por concepto de daño moral y lucro cesante.
La mujer, de 34 años, murió justo el día de su cumpleaños, mientras su familia la estaba esperando con un asado en su casa para celebrarla.
Según informó El Mercurio, la familia pide 1.500 millones por daño moral para cada una de sus dos hijas, y la misma suma para su pareja. Por lucro cesante se calculó el sueldo que habría ganado durante los 26 años que le quedaban para jubilarse, que equivale a más de 168 millones de pesos.
"Negligencia"
Los abogados Jorge Munro, Luis Gabriel Salazar, Ramón Tagle y Gonzalo Neira, que patrocinan la demanda, afirman que "el accidente fue causado por la negligencia y falta del deber de seguridad y de cuidado por parte de la demandada".
El 27 de septiembre de 2016 un grupo asaltó con armas de fuego las instalaciones del Casino Monticello para detonar los cajeros automáticos. Y el 6 de junio de este año, Stive Munir Abuamsha ingresó al casino dos armas de fuego, hiriendo gravemente a un funcionario de la empresa.
Los demandantes indican que, pese a la reiteración de hechos de riesgo, "la empresa, de manera irresponsable, simplemente no adoptó ninguna medida de seguridad ni menos capacitó de forma alguna al personal para enfrentar este tipo de situaciones, ni tampoco les informó de los riesgos, ya que todo siguió exactamente igual, pese a la gravedad de los hechos narrados".
Respuesta de Monticello
La empresa rechazó la acusación y hace tres días se realizó la primera audiencia de preparación del juicio laboral en Rancagua.
El gerente de Finanzas de Sun Monticello, Rodrigo Martínez, descartó indemnizar a la pareja de la crupier como causahabiente (con calidad de heredero de la fallecida), "porque no tenía con la señora Carreño ningún vinculo legal".
Sobre la responsabilidad que le cabría a Monticello por no haber tomado las medidas de seguridad para impedir que ocurriera lo del 2 de julio, responde que lo sucedido "fue un hecho inédito en la industria de juegos en Chile". Sin querer ironizar, dice, pero exagerando para explicar, pregunta: "Si mañana cae un meteorito, ¿se demandará a la empresa?".
Martínez afirmó también que los dos atentados anteriores son diferentes, porque no iban contra los funcionarios. Por último, señaló que sólo dos días después de la tragedia el Ministerio del Interior y Seguridad dictó un decreto que hace exigible a los casinos los detectores de metales para impedir que entren clientes armados.
