El fiscal que lleva la causa por la colusión de las farmacias, Jaime Retamal, afirmó que el juicio oral que comenzó este lunes en contra de 10 ejecutivos de las cadenas farmacéuticas busca sancionar con penas de cárcel a los imputados.
En conversación con El Diario de Cooperativa el persecutor aseveró que lo que busca en este juicio es establecer las sanciones penales personales de los involucrados, más allá de las multas que pagaron las empresas.
"Lo que busca el juicio oral que comenzamos ayer (lunes) es hacer efectiva la responsabilidad penal de una serie de personas, todos ejecutivos de las cadenas farmacéuticas", dijo el persecutor.
"Todos los imputados podrían ser beneficiados con la atenuante de la irreprochable conducta anterior, el Ministerio Público lo que hizo fue formular una acusación en la cual se detallan una serie de hechos que implicarían reiteración, y sobre ese cálculo el Ministerio Público cree que es posible llegar a una pena de cinco años de presidio menor en su grado máximo", añadió.
"Aquí hubo un acuerdo de alzar los precios en forma sostenida y periódica en el tiempo y en principio todos debieran responder penalmente de forma idéntica", enfatizó el fiscal Retamal.
Este juicio en contra de los 10 ejecutivos de las cadenas Salcobrand, Ahumada y Cruz Verde se produce por la acusación en contra de estas empresas de coludirse para elevar los precios de medicamentos entre los años 2007 y 2008.
Además, este proceso judicial se genera luego que la Corte de Apelaciones revocara un acuerdo alcanzado entre el Ministerio Público y los imputados que había permitido una suspensión condicional del procedimiento.
Jaime Retamal explicó que "lo que estamos haciendo valer en este juicio es un tipo penal específico, que está en nuestro código penal, que sanciona las maquinaciones fraudulentas que alterar el precio natural de las cosas, bienes o servicios de primera necesidad".
El persecutor además aseveró que "nuestra convicción y nuestro interés es que finalmente los hechos delictivos que afectaron a nuestra comunidad durante una época merezcan un reproche penal y sean sancionados y el hecho que haya una persecución penal inhiba la comisión de futuros ilícitos vinculados con la libre competencia", manifestó el fiscal Retamal.
"También hay un interés por descubrir la verdad de lo sucedido y confiamos que eso pueda ser un elemento valioso para nuestra comunidad", concluyó.
