Incendio registrado hace cinco años terminó con la vida de 81 reos al interior del lugar.
Gendarmes se defienden acusando que su labor no está respaldada con las herramientas necesarias.
"No han hecho nada real para poder mejorar el sistema carcelario", sostienen familiares.
A cinco de la tragedia ocurrida un 8 de diciembre en la cárcel de San Miguel, donde 81 reos murieron por un incendio que se produjo tras una riña entre los internos, aún no se establecen culpables.
La sentencia, que en abril de 2014 absolvió a los ocho funcionarios imputados, planteó que el hecho tenía responsables, pero que no eran aquellos a los que apuntaba el ministerio Público.
Es por ello, que el abogado de la defensoría popular y representante de algunas familias, Rodrigo Román, afirmó que el ministerio Público debiese iniciar una segunda investigación, manifestando que este quedó "al debe".
"Sin lugar a dudas que el ministerio público quedó corto, quedó al debe. Debió en su momento haber de oficio iniciado una investigación, toda vez que esta sentencia señala que si bien los otros acusados no tienen participación, no quiere decir aquello que el Estado chileno u otros agentes del Estado no sean responsables de lo ocurrido", dijo.
Román sostiene que "lo dice el propio veredicto; lo dice la propia sentencia que el Estado chileno es responsable".
Sin embargo, desde los trabajadores el presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, Juan Carlos Orellana, aseguró que las responsabilidades del hecho están fuera de la institución y que "hay responsabilidad penal del Gobierno".
"El hilo siempre se corta por lo más delgado. Y normalmente siempre recae en los trabajadores que muchas veces no tienen como contrarrestar alguna situación al interior de los penales", explicó.
Orellana argumentó que el Estado no les entregó las herramientas necesarias para poder salvaguardar este tipo de situaciones.
A juicio de uno de los hermanos de las víctimas, las condiciones de las cárceles chilenas no han mejorado, "lo han intentado, pero si lo vemos diariamente y estamos adentro de las cárceles, estamos en retroceso", señalo el vocero de la organización 81 Razones, César Pizarro.
"La realidad es que gendarmería no ha hecho nada real para poder mejorar el sistema carcelario, ellos por fuera dicen que sí, pero no es así, en términos de infraestructura siguen haciendo más cárceles, pero no siguen haciendo centros de estudio y trabajo".
"Y no hay lugares para reinserción en las cárceles, así que si avanzamos, avanzamos trogloditamente, con la cabeza cuadrada", enfatizó Pizarro.
A la fecha está pendiente una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presentada el 9 de marzo de este año y que busca sancionar al Estado chileno por negligencia en el tratamiento de los reos.
Sin embargo, dado que el organismo internacional no tiene fuerza vinculante, los familiares esperan recomendaciones o amonestaciones por la denegación la justicia, además continúan vigentes las demandas civiles por compensaciones monetarias para las familias.
