19 de los acusados quedaron con medidas cautelares.
La investigación se extenderá por 150 días.
Anfup alegó "incertidumbre" en sus funcionarios.
Los 25 gendarmes acusados de propinar una golpiza a 57 internos de la Cárcel de Alta Seguridad de Rancagua quedaron en libertad tras la formalización realizada este jueves.
19 gendarmes, entre los que se incluye un oficial, quedaron con medidas cautelares, entre las que se encuentra el arraigo nacional, firma mensual y la prohibición de acercarse a las victimas.
Durante la audiencia de formalización, el fiscal regional de O'Higgins, Luis Toledo, relató los hechos, indicando que "en los momentos en que se producía el intento de fuga, el mayor Nimrod Acosta Ulloa se encontraba en una de las casas fiscales que se ubican a un costado del complejo penitenciario, quien fue avisado del procedimiento que se estaba produciendo al interior".
"Concurrió hasta el lugar junto al mayor David Zúñiga percatándose de las mismas agresiones que estaban sufriendo Luis Cabrera Cabrera y Marcelo Escobar. Luego de ello, se trasladó al interior, específicamente al módulo 41, lugar en que presenció las agresiones que sufrían los internos de ese mismo módulo", añadió.
"Presenció las agresiones del funcionario Mario Campos Fuentealba, quien estaba dando golpes de palo al interno, sin dar órdenes para detener las mismas, permitiendo con su inactividad que éstas se continuaran produciendo", manifestó Toledo.
Mientras tanto, el defensor de los 19 gendarmes, Gabriel Henríquez, comentó que "esto se produce en un contexto de fuga, donde uno de los funcionarios fue apuñalado, donde la cantidad de personal que tiene Gendarmería en las noches es mínimo, donde el nivel de stress con el que se cumplen estas funciones es atroz, entonces hay un contexto en el que esto se realiza, en el que esto ocurre, que sin lugar a dudas también forma parte de la balanza de la justicia".
Además, el persecutor jefe regional sostuvo que la institución no ha prestado la colaboración debida.
"Un año y 14 después de haber ocurrido el hecho recién obtuvimos la orden de investigar diligenciada por parte de Gendarmería, habiendo la Fiscalía pedido en al menos tres oportunidades cuenta de esa orden. En esa misma orden nos pudimos percatar que el personal no había entregado toda la información, es más, personal del hospital penal se había negado a dar información en documentos firmados por Gendarmería", recalcó Toledo.
"El tipo penal por el cual han sido formalizados nuestros representados, creemos que dista mucho del ámbito de la tortura, por lo menos como se ha señalado hasta el día de hoy", agregó.
Anfup alega "incertidumbre"
El presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup), Pedro Hernández, manifestó que "esto genera un clima de incertidumbre dentro de las filas, en nuestros funcionarios, y esto es de Arica a Porvenir".
"Creemos que estas situaciones, de alguna manera, debilitan y provocan vulnerabilidad dentro de los establecimientos, no hubo ningún interno herido, la única persona lesionada fue un funcionario que tuvo cortes punzantes en el intento de fuga", añadió.
Abogados de la Fiscalía y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) recalcaron que Gendarmería no prestó su apoyo a la investigación.
Además, pidieron que se enjuiciara a los seis oficiales restantes debido a que no evitaron los hechos, pero la jueza Constanza Acuña decidió dejarlos en libertad, sin medidas cautelares por los 150 días de investigación.
