A Felipe Aylwin se le acusa de haber contratado a funcionaria que nunca ejerció.
Fiscalía formalizó a otros nueve imputados que habrían cometido desfalco por cerca de $80 millones.
La audiencia se extendió por más de seis horas.
En el tribunal de Garantía de Chilán fue formalizado el alcalde de Chillán Viejo, Felipe Aylwin Lagos, por el delito de fraude al fisco, luego que la fiscalía planteara que en 2012 generó un contrato con una empleada que nunca habría cumplido funciones.
Junto a Aylwin, la fiscalía también imputó fraude al fisco al administrador municipal, Ulises Aedo, ya que ellos firmaron el decreto alcaldicio para el contrato a honorarios, de Lya González, a quien se formalizó por fraude de subvenciones.
En total, la defraudación asciende a 4.600.000 de pesos según la fiscalía, en concordancia con lo planteado por el Consejo de Defensa del Estado, que es parte querellante en esta causa.
"Entre marzo y diciembre de 2012 esta funcionaria tenía asignada distintas funciones, entre ellas la de hacerse cargo de Relaciones Internacionales del municipio, sin embargo nunca cumplió esas labores", dijo el titular de la causa, y jefe de la fiscalía local de Yumbel, Álvaro Serrano.
Aparte de los tres imputados ya mencionados, los ex funcionarios del municipio, Jorge León (ex jefe Dideco), Paola Araya (control interno), María Garrido (directora de finanzas), Francisco Fuenzalida (ex secretario municipal), Ignacio Moreno y Susana Fonseca (ambos funcionarios Dideco), fueron formalizados por fraude al fisco y falsificación de instrumento público.
Todos ellos habrían originado un perjuicio por cerca de $80 millones al herario municipal.
El modus operandi
Según planteó el fiscal Serrano, entre 2011 y 2013, los imputados duplicaban cartas de dirigentes de juntas vecinales, conjuntos folcklóricos, agrupaciones culturales, centros de padres de jardines infantiles, clubes deportivos, entre otros, fingiendo las firmas, para decretar nuevas órdenes de pago, por miles de colaciones que nunca llegaban a sus destinos o bien cajas con alimentos y repartición de tortas.
En algunos casos, hasta se cuadriplicaron las presentaciones de las mismas cartas para validar las órdenes de pago que oscilaban entre los 760.000 pesos y los 15.000.000 millones de pesos.
Las medidas cautelares
Entre los formalizados sólo hay una persona ajena al municipio, que es Silvana Ríos, dueña de una empresa de transportes que en reiteradas ocasiones recibió pagos del municipio por supuestos viajes. Sólo ella quedó exenta medidas cautelares.
En el caso de los nueve imputados que al momento de supuestamente cometer los delitos eran funcionarios municipales, quedaron con arraigo nacional.
Además, respecto de Felipe Aylwin, Ulises Aedo, María Garrido, Paola Araya y Francisco Fuenzalida, por aún tener cargos directivos en el municipio, se dictó la prohibición de comunicarse con los testigos que han declarado en esta indagatoria, que se inició desformalizadamente en 2013.
Se fijó un plazo de investigación de dos meses.
