En menos de un mes, dos persecutores fueron víctimas de agresiones y amenazas.
Solicitan que se implementen las conclusiones de una mesa de trabajo que sostuvieron junto al Ministerio de Justicia.
Según Uribe, por años los fiscales han denunciado las precarias condiciones de seguridad en que desempeñan sus funciones.
Luego que en menos de un mes dos fiscales sufrieran agresiones y amenazas de muerte por parte de imputados y sus familiares, los persecutores exigen mayor seguridad al Gobierno.
El pasado 15 de abril, el fiscal de la Región de Los Ríos Gonzalo Valderas fue agredido y amenazado de muerte dentro de una sala de los tribunales en Valdivia y el 14 de mayo, el fiscal Luis Miranda, de la Región de Atacama, fue amenazado por familiares de imputados en el frontis de los juzgados de Copiapó.
La Asociación Nacional de Fiscales instauró una mesa de trabajo relativa al tema de seguridad junto al Ministerio de Justicia, instancia propuesta por el ex ministro del ramo José Antonio Gómez, pero las conclusiones y medidas acordadas aún no se han implementado.
"Hubo conclusiones respecto a ese trabajo, que se extendió por varios meses, pero al parecer todo quedó en nada porque de las medidas que se proponían en ese momento, nada ocurrió", sentenció Claudio Uribe, presidente de la Asociación Nacional de Fiscales.
"El Estado no puede esperar a que sucedan cosas más graves en contra de los fiscales del país y debe tomar los resguardos necesarios ahora, antes de lamentar una desgracia", afirmó el dirigente.
"No podemos arriesgarnos más"
Según Uribe, por años los fiscales han denunciado las precarias condiciones de seguridad en que desempeñan sus funciones en las distintas fiscalías y tribunales del país.
"Nosotros no somos policías y, por supuesto que hay un autocuidado, pero no podemos pensar en que los fiscales tengan que, además de ser expertos en perseguir delitos, ser especialistas en seguridad y defensa personal. Ya es suficiente y no podemos arriesgarnos más", enfatizó Claudio Uribe.
En los años transcurridos desde el inicio del nuevo sistema penal, varios son los fiscales que han sido amenazados y en otros casos, agredidos por imputados o cercanos a ellos.
El caso más evidente, fue el del fiscal Mario Elgueta, en Tirúa, Región del Biobío, quien fue víctima de un atentado el año 2008.
