Audiencia se realiza a contar de las 09:00 de la mañana en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.
La compañía está representada por su gerente general, Arturo Natho Gamboa.
La formalización se centra en el presunto pago de sobornos a políticos, con el objetivo de incluir en la Ley de Pesca cláusulas a favor de la compañía.
A contar de las 09:00 de la mañana de este lunes se realizó la formalización de Corpesca como persona jurídica, en el marco de la investigación que dirigen los fiscales Ximena Chong y Julio Contardo.
La audiencia se desarrolló contra el representante legal y gerente general de la empresa, Arturo Natho Gamboa, en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, ubicado en la avenida Pedro Montt.
El fiscal Julio Contardo explicó que "a estas alturas, prefiero yo no hacer una previsión de aquello en atención a que, por el momento, no hemos determinado la total responsabilidad en cuanto a las circunstancias concurrentes y, por lo tanto, al tipo penal que, en definitiva, se va a acusar, y eso se va a hacer en el libelo acusatorio".
"Dentro de las sanciones de la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas va desde la multa hasta la disolución, pasando por la pérdida de determinados beneficios o la imposibilidad de celebrar, por ejemplo, contratos con el Estado. Eso va a depender de la imputación que se haga en el libelo acusatorio", agregó.
La formalización de este lunes se centró en el presunto pago de sobornos a políticos, con el objetivo de incluir en la Ley de Pesca, más conocida como "Ley Longueira", cláusulas a favor de la compañía perteneciente al grupo Angelini.
En esta indagatoria están formalizados, hasta ahora, por presunto cohecho el desaforado senador ex UDI Jaime Orpis, la ex diputada independiente Marta Isasi, y por eventual soborno el ex gerente general de la empresa, Francisco Mujica.
Según el Ministerio Público, entre los años 2009 y 2013, la empresa Corpesca habría pagado dinero a los parlamentarios Marta Isasi y Jaime Orpis, 231 millones de pesos en total, para que éstos defendieran sus intereses ante los cambios que se tramitaban a la Ley de Pesca en el Congreso.
Acusados de no prevenir sobornos
La Fiscalía acusa a la firma de no haber tomado los resguardos necesarios para impedir que el ex gerente de Corpesca, Francisco Mujica, entregara dinero a los parlamentarios, un delito que la justicia califica dentro de la Ley de Responsabilidad de las Empresas.
Corpesca, a través de un comunicado, defendió que sí contaba con las medidas de seguridad requeridas por la ley 20.393 y comprometió su colaboración en la investigación.
En esa línea, el abogado Waldo Bowm, dijo que "según la Fiscalía, la empresa incumplió con sus deberes de supervisión y dirección en la prevención de los delitos de la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Al respecto, esta defensa rechaza estas imputaciones. Al momento de la comisión que se le imputa al ex gerente, la empresa contaba con un modelo de prevención real, idóneo, integro, que cumplía con los requisitos de la ley, por lo que estamos confiados de nuestros medios de defensa", remarcó.
Diputado PC: Podría aplicarse a otras empresas
El diputado comunista Hugo Gutiérrez, querellante en la causa, valoró la formalización y en un eventual escenario dijo que sería positivo recurrir a estos mecanismos para que otras empresas y parlamentaros implicados en este tipo de delitos enfrenten la ley.
Gutiérrez sostuvo que "formalizando nada menos que a la persona jurídica de Corpesca por un delito corporativo, que tiene la base en los sobornos acreditados a Orpis, Isasi y otros más es un avance significativo en lo que lleva consigo este proceso y que sin duda, pueda aplicarse el día de mañana a otras empresas que también han corrompido a políticos".
"Y me refiero específicamente a SQM, y eventualmente a otras empresas que aparezcan en esta misma investigación", apuntó el diputado.
Las diligencias continúan y la Fiscalía no descartó que haya otras empresas pesqueras y también otros parlamentarios involucrados en estos delitos.
