Carlos Cruz, ex titular de Obras Públicas, fue condenado a tres años y un día de presidio como autor del delito de fraude al Fisco continuado.
Máximo tribunal ratificó condenas de primera instancia dictadas por la Corte de Apelaciones de Santiago.
El caso en primera instancia fue investigado por la ministra Gloria Ana Chevesich.
La Corte Suprema dictó sentencia definitiva en la investigación sobre las irregularidades cometidas en el Ministerio de Obras Públicas y la empresa Gestión Ambiental y Territorial (GATE), proceso que investigó en primera instancia la ministra Gloria Ana Chevesich.
En fallo unánime, la Segunda Sala del máximo tribunal, integrada por los ministros Milton Juica, Hugo Dolmestch, Haroldo Brito, Andrea Muñoz y Manuel Valderrama, acogió el recurso de casación presentado en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que había condenado a 11 empleados de empresas consultoras que operaron con el MOP.
De esta forma, la sentencia del máximo tribunal confirmó la sentencia de primera instancia dictada por la ministra Chevesich, que condenó a 13 funcionarios públicos, entre ellos el ex ministro de Obras Públicas durante el gobierno de Ricardo Lagos Escobar.
Entre las principales condenas figuras los cinco años de presidio como autor del delito de fraude al Fisco continuado para Sergio Cortés Castro, ex jefe de finanzas de la Dirección de Concesiones del MOP; tres años y un día de presidio como autor del delito de fraude al Fisco continuado para el ex ministro Cruz.
Otras sentencias
Además fueron sentenciados a 541 días de presidio, como autor de fraude al Fisco continuado para el ingeniero Óscar Araos Guzmán; y a 200 días de presidio como autor de fraude al fisco el ex director del Ciade de la Universidad de Chile, Nassir Sapag.
En tanto, otros nueve implicados en esta arista fueron sentenciados a penas que van entre 40 y 61 días por los delitos de fraude al Fisco y fraude al Fisco continuado, ya sea en su calidad de autores, cómplices o encubridores.
La sentencia, además, impone a los condenados las penas accesorias de inhabilitación especial perpetua para el cargo u oficio público y se les impone una multa ascendente al 10 por ciento del monto defraudado.
Además, en el aspecto civil, se acogió la demanda deducida por el Consejo de Defensa del Estado, por el Estado de Chile, y se condenó a los acusados a pagar la suma total 799 millones 142 mil 217 pesos.
El caso MOP-GATE es considerado el mayor caso de corrupción durante el Gobierno de Ricardo Lagos Escobar, partió en el año 2000 con el "caso coimas", que investigaba adulteradas revisiones técnicas que se emitían en Rancagua.
Esta investigación derivó en el pago de sobresueldos a funcionarios del Ministerio de Obras Públicas a través de la empresa Gestión Ambiental y Territorial S.A. (GATE), por la cual el ex ministro Carlos Cruz permaneció 64 días encarcelado en el anexo Capuchinos.
Querellante felicitó trabajo de jueza Chevesich
El senador de la UDI Víctor Pérez, querellante en el caso MOP-GATE, valoró el trabajo y rigurosidad de la jueza Gloria Ana Chevesich, quien condenó en primera instancia a los sentenciados, y comparó su labor la que actualmente desarrollan el Ministerio Público y el Servicio de Impuestos Internos en las actuales investigaciones de corrupción.
"Lo importante es que tengamos instituciones que actúen con rigor en la investigación de estos hechos y los sancionen. En este caso la ministra Chevesich dio un ejemplo, a pesar de todas las presiones que recibió, de que se actuó con rigor, ecuanimidad, con objetividad para conseguir sancionar a los responsables", apuntó el senador.
El parlamentario remarcó que "eso hoy no lo estamos viendo, vemos a un Ministerio Público que actúa con rigor contra unos y hace vista gorda contra otros. Vemos a un Servicio de Impuestos Internos que persigue a unos y hace vista gorda con otros".
Mientras que el presidente del CDE, Juan Ignacio Piña, sostuvo que "es una muy buena noticia también para nosotros que se haya acogido la demanda aducida por el Consejo y se condene a los acusados a pagar la suma total correspondiente al perjuicio que se había robado al fisco con estas maniobras defraudatorias".
"Son alrededor de 799 millones de pesos los que están involucrados aquí y estos recursos deben ser reincorporados al fisco", aseveró.
