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Tribunal Constitucional admitió analizar tramitación de requerimiento de ex ejecutivo de Penta

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Autor: Cooperativa.cl

Hugo Bravo presentó medida en contra de los dueños del holding, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín.

Esto por la demanda que estos interpusieron contra el ingeniero comercial por el cobro de un cheque por 45 millones de pesos.

Tribunal Constitucional admitió analizar tramitación de requerimiento de ex ejecutivo de Penta
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Acusó "inaplicabilidad" por faltar a la Constitución la acción legal de sus ex empleadores en la causa.

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El Tribunal Constitucional admitió para analizar su tramitación un requerimiento del ex gerente general y ex director de una de las empresas del Grupo Penta, Hugo Bravo, en contra de los dueños del holding, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín por la demanda que estos interpusieron contra el ingeniero comercial por el cobro de un cheque por 45 millones de pesos, correspondiente a sus honorarios como ejecutivo de las empresas.

Bravo, representado por los abogados Anderson Weldt y Gonzalo Raggio, interpuso el libelo acusando "inaplicabilidad" por faltar a la Constitución la acción legal de sus ex empleadores en la causa abierta en su contra en el Octavo Juzgado Civil de Santiago, el cual había ordenado un inventario de sus bienes para ser eventualmente embargado por el monto de la controversia tras su salida en julio pasado del holding.

A principios de noviembre, Délano y Lavín -con la representación del abogado Luis Cifuentes- interpusieron la demanda para iniciar un juicio de cobro ejecutivo por un cheque protestado que estaba en manos de Bravo por 45 millones de pesos, exigiendo a la justicia que le quite a Bravo ese monto, sea en dinero en efectivo o bienes.

La defensa del ex director de Penta acusa que, casi como una paradoja, la demanda fue notificada por un receptor judicial en las mismas dependencias del grupo económico en avenida El Bosque Norte 0440, y no en su domicilio, el departamento de su propiedad en la Avenida San Damián, en la comuna de Las Condes.

Bravo acusa que se violó la Constitución por parte del Octavo Juzgado Civil dirigido por la jueza Silvia Papa Beletti al no dar cuenta que estaba mal hecha la notificación al no respetarse "el debido proceso" a su favor, faltando a las normas del Código de Procedimiento Civil y la Ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques.

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