Cámara Baja visó la iniciativa en general y en particular.
Se busca reforzar el carácter de bien nacional de uso público del agua.
La iniciativa ya fue aprobada en las comisiones de Recursos Hídricos, Agricultura y Hacienda, y ya ha sido debatida en la Sala de la Cámara Baja.
La Sala de la Cámara de Diputados, después de unas seis horas de debate y de cerca de 100 votaciones, despachó la reforma al Código de Aguas al segundo trámite al Senado.
La iniciativa fue aprobada en primera instancia en general por 63 votos a favor, 32 en contra, además de tres abstenciones, para luego aprobarla en particular.
No obstante, la dificultad estuvo dada casi en las últimas votaciones, en una disposición transitoria que trataba sobre la caducidad de los derechos y que un parlamentario observó que se había votado en forma equivocada, alertando a la mesa directiva que puso el tema en la consideración de la Sala y todos se dieron cuenta que habían votado al revés.
Se trató de repetir de inmediato la votación, pero no hubo acuerdo para ello, por lo que se suspendió la sesión para realizar una reunión de comités y finalmente hubo un acuerdo para repetir el inciso que presentaba problemas.
Con esto, la reforma al Código de Aguas pasó al segundo trámite, lo que fue valorado por los ministros de Obras Públicas, Alberto Undurraga, y de Agricultura, Carlos Furche, quienes desestimaron las aprensiones de la oposición, que anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional, ya que en el gremialismo creen que se vulnera el derecho a la propiedad.
"Aquellos que están utilizando bien los derechos de agua, se mantienen esos derechos de agua y, por lo tanto, la actividad productiva en la agricultura, en la minería, en la industria, en el servicio de agua potable y, por supuesto, también en la energía se mantienen. Aquel que acapara derechos de agua para no utilizarlos pasado cierto tiempo, se extinguen, caducan esos derechos y vuelven a la cuenca, vuelven para que lo usen aquellos que sí lo necesitan", aseveró Undurraga.
Mientras que Furche sostuvo que "nadie pudo identificar un artículo o un inciso que resultara de carácter expropiatorio, porque la verdad es que acá se ha debatido sobre el hecho de que las concesiones para los derechos futuros aún no otorgados sean por 30 años. No hay ningún negocio que necesite más de 30 años para ser viable y productivo. Si necesita más de ese tiempo es porque es un mal proyecto"
Desde el Gobierno indicaron que este proyecto en ningún aspecto establece una eventual expropiación, sino que regula hacia el futuro la entrega de los derechos de agua.
Legislación data de 1981
La Sala de la Cámara de Diputados analizó durante este martes el proyecto que reforma el Código de Aguas, vigente desde 1981, y que busca reforzar el carácter de bien nacional de uso público del agua.
La iniciativa ya fue aprobada en las comisiones de Recursos Hídricos, Agricultura y Hacienda, y ya ha sido debatida en la Sala de la Cámara Baja.
El Código de Aguas busca "reconocer las diversas funciones que esta puede cumplir, generar seguridad en el acceso al agua, permitiendo al Estado resguardar que en todas las fuentes naturales exista un caudal suficiente y, vinculado a ello, limitar el ejercicio de los derechos de aprovechamiento; y establecer un nuevo tipo de permiso para el uso del agua, denominado concesión, intransferible e intransmisible, que se orienta a las funciones esenciales y prioritarias del recurso", según se indica en el sitio web de la Cámara.
"Entre las normas planteadas, se determina que las aguas, en cualquiera de sus estados, son bienes nacionales de uso público, por lo que su dominio y uso pertenece a todos los habitantes de la nación. Bajo este precepto, se establece que el acceso al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial e irrenunciable que debe ser garantizado por el Estado", sostienen en el proyecto.
Junto a esto, se regula la función productiva de las aguas, para lo cual se otorgarán derechos de aprovechamiento, los que son regulados en su forma y procedimiento de solicitud, mantención, pago de patentes y caducidad.
Estos derechos podrán ser limitado en su ejercicio, con un límite de 30 años para la entrega de la concesión, aunque conforme a los criterios de disponibilidad de la fuente de abastecimiento y/o de sustentabilidad.
Además, se establece que el Estado podrá constituir reservas de aguas disponibles, superficiales o subterráneas para asegurar el ejercicio de las funciones de subsistencia y de preservación ecosistémica.
Fuad Chahín: Es un día histórico
La diputada Yasna Provoste (DC) planteó que este proyecto "establece con claridad la sanción a aquellos que acumulan agua, que establecen una solicitud para un proyecto determinado que nunca llega a concretarse. Sin embargo, esto es como la vieja historia, no comen ni dejan comer, no usan las aguas ni tampoco dejan que los pequeños agricultores puedan acceder a ello".
"Este Código de Aguas establece un plazo para realizar las obras y sino esos derechos caducan y vuelven al Estado", destacó.
Mientras que el jefe de bancada de la DC, Fuad Chahín, sostuvo que "este es un día histórico porque estamos respondiendo a una de las demandas más profundas de la ciudadanía, que es fortalecer el carácter público del agua, garantizar el acceso al agua como un derecho humano y terminar con la especulación del agua".
"Aquí quienes realmente destinan el agua a actividades productivas no tienen nada que temer", aseveró.
UDI recurrirá al TC
Por su parte, la UDI rechazó la idea de legislar y recalcó que recurrirá al TC asegurando que acá se vulnera el derecho a la propiedad.
Sergio Gahona (UDI) aseguró que "nosotros estamos en contra de la idea de legislar porque se modifica la naturaleza jurídica del derecho de aprovechamiento de agua y la certeza jurídica de miles y miles de inversiones agrícolas".
"Hay una cuestión fundamental que tiene que ver con el cambio de un derecho de aprovechamiento de agua que tiene las mismas características que la propiedad a una mera concesión administrativa estatal, con las facultades que podrían ser arbitrarias y discrecionales del burócrata de turno", dijo.
"Nosotros creemos que aquí hay una expropiación encubierta y desde esa perspectiva nos parece que si quieren hacerlo, que lo digan como tal, que efectivamente produzcan las indemnizaciones que correspondan y que corresponden a los agricultores", añadió Gahona.
