La ministra de Medio Ambiente, Marcela Cubillos, dijo que la participación del Ejecutivo podría agregar "mayor incertidumbre" para futuros proyectos.
Se podría "pensar que la judicialización va a ayudar en una negociación directa", explicó.
Cubillos dijo que la intención es fortalecer "la institucionalidad ambiental".
La ministra del Medio Ambiente, Marcela Cubillos, anunció que el Gobierno no participará en la conciliación por el proyecto minero-portuario Dominga en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), que se llevará a cabo en el Tribunal Ambiental de Antofagasta a partir de este miércoles.
"Como el objeto de lo que se alega por parte de la empresa es la ilegalidad de un acto administrativo, creemos necesario un fallo del tribunal sobre la materia sometida a su decisión y no una conciliación", explicó Cubillos.
"Lo queremos corregir por la vía legal, por la vía de las potestades más bien institucionales y no por esta vía, o si no corremos riesgos de que haya mucha mayor incertidumbre en los proyectos, porque a la larga cualquier proyecto puede pensar que la judicialización lo va a terminar a ayudar en una negociación directa y, por lo tanto, todas las etapas anteriores pueden perder bastante fortaleza", sostuvo.
"Fortalecer la institucionalidad"
"Reconocemos que los tribunales tienen sus propias facultades, pero nosotros, como Gobierno, también tenemos nuestras propias prioridades, y para nosotros la prioridad es fortalecer la institucionalidad ambiental, las etapas de participación previa, los análisis técnicos que se hagan", añadió la ex diputada.
"A nosotros nos llega este juicio ya en etapa de sentencia, ya pasó toda la prueba, toda la discusión del proceso y, por lo tanto, lo que cabe, al no haber conciliación, es que el tribunal dicte sentencia en los plazos que él se dé", sentenció.
En el documento presentado por el Ejecutivo ante el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, se señala que se "estima necesario que en este caso exista un pronunciamiento jurisdiccional, debido al tenor de las materias reclamadas, que dicen relación principalmente con la legalidad de un acto administrativo enmarcado en el proceso de evaluación de impacto ambiental".
El escrito continúa señalando que "hago presente que esta parte no desea perseverar en el proceso conciliatorio", y solicita, además, que el tribunal de curso al procedimiento y dicte la correspondiente sentencia.
"En Chile existe un procedimiento técnico y eminentemente participativo de evaluación de proyectos (...) Creemos que no contribuye a fortalecer la institucionalidad, que es tarea primordial del Gobierno, entrar al final del proceso, en una negociación directa con la empresa Andes Iron", recalcó la ministra.
"Creemos que si al final se empieza a dar la señal que una empresa disconforme con las últimas decisiones pueda llegar al final del proceso a sentarse directamente con el SEA, con el Gobierno a negociar sus condiciones, creemos que esa no es la manera de fortalecer todas las instancias anteriores de participación y de análisis técnico que tiene el proceso, y para nosotros, cuidar y fortalecer la institucionalidad ambiental, las etapas de participación previa, los análisis técnicos que se hagan, es fundamental en nuestra gestión", añadió.
Con esta decisión, el proyecto de la empresa Andes Iron seguirá paralizado en en espera de la decisión del tribunal, el cual podrá retrotraer el proyecto si decide que el Consejo de Ministros no se ajustó a derecho al rechazar la iniciativa.
Cabe recordar que el Gobierno designó este martes a Hernán Brucher como nuevo director ejecutivo del SEA, reemplazando a Juan Cristóbal Moscoso, quien llevaba 11 meses en el puesto en calidad de subrogante.
