La abogada y directora de proyectos de la ONG FIMA, Gabriela Burdiles, explicó este sábado en Cooperativa las implicancias de decisión del Gobierno de Chile de posponer la firma del Tratado de Escazú.
El acuerdo lleva este nombre debido a que, hace seis meses en Escazú, Costa Rica, 14 países de América Latina consensuaron cuatro derechos en materia ambiental: acceso a la información, participación ciudadana, acceso a la justicia ambiental y defensa de las personas que luchan por la protección del medioambiente.
En entrevista con El Diario de Cooperativa, la jurista recordó que "este acuerdo fue promovido fuertemente por Chile desde el año 2012, donde se firmó una declaración, luego de una conferencia en Río de Janeiro con otros 10 países de la región".
"Sin embargo, ahora decidió postergar la firma del tratado, lo que no significa que no lo pueda firmar después, pero sin duda que deja un vacío de liderazgo en la región, ya que siempre Chile es quien ha conducido estas negociaciones", agregó.
La muerte del líder sindical
La abogada se refirió también a la muerte de Alejandro Castro, líder del sindicato de pescadores de Quintero, y aseguró que el Tratado de Escazú ayudaría al esclarecimiento de casos como éste.
"Se sabe que era un dirigente que estaba comprometido con el movimiento y con lo que estaba sucediendo allá en Quintero. Si esto está vinculado a alguna amenaza respecto a su actividad con el movimiento ambiental, por supuesto que tiene que ver con el Tratado (Escazú)", señaló Burdiles.
"Este tratado dispone que los estados tienen el deber de investigar este tipo de hechos, de perseguirlos, de generar un marco de protección y de un entorno propicio para que los movimientos sociales puedan desarrollar estas actividades", agregó la experta.
Cabe señalar que, a pesar de que no hay claridad respecto a la causa de muerte del activista, desde el Gobierno no descartaron que el hecho tenga que ver con las presuntas amenazas que recibió Castro en las últimas semanas.
