Comunidad y Justicia condenó la recomendación para despenalizar el aborto en menores de edad.
Dijo haber sido "discriminado" debido a que el grupo de trabajo de Naciones Unidas no quiso recibirlo.
La ONG acusó a Naciones Unidas de actuar con un "sesgo ideológico".
Invocando la Ley Antidiscriminación o "Ley Zamudio", la ONG "pro vida" Comunidad y Justicia presentó este lunes en tribunales una demanda contra el Grupo de Trabajo sobre la Cuestión de la Discriminación contra la Mujer en la Legislación y en la Práctica, que recomendó a Chile despenalizar el aborto en menores de 18 años, "como un tema de salud fisiológica y mental".
Comunidad y Justicia se consideró a sí mismo discriminado por no haber sido recibidos sus representantes por el grupo, "pese a que se le solicitó hasta en cuatro ocasiones".
A través de un comunicado, explicaron que "cuando se anunció la visita a Chile del grupo de trabajo, la ONG Comunidad y Justicia solicitó ser recibida para transmitir su opinión al respecto".
"En cuatro ocasiones lo pidió, incluso personalmente a la experta Alda Facio. No obstante, en ningún momento se les atendió ni se justificó el motivo de su exclusión. Jamás fueron recibidos ni escuchados por el organismo, a diferencia de otras organizaciones, como por ejemplo, el Movimiento de Liberación Homosexual (Movilh)", criticaron.
La ONG presentó la medida preparatoria por Ley Zamudio contra la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos, al considerar que se les ha "discriminado y afectado en sus derechos fundamentales a la igualdad ante la ley, no discriminación arbitraria, libertad de opinión y de petición, de manera arbitraria por el organismo internacional".
"Sesgo ideológico"
Desde Comunidad y Justicia afirman que el grupo de trabajo de la ONU tenía la "obligación" de escuchar y considerar las distintas opiniones de las organizaciones de la sociedad civil en Chile previo a emitir su informe.
"Pero durante su visita a nuestro país el grupo de trabajo no se reunió ni con Comunidad y Justicia ni con ninguna organización de la sociedad civil que pueda ser percibida como pro vida".
"Esta actitud nos parece una conducta absolutamente reprochable, discriminatoria y excluyente, que demuestra un sesgo ideológico que excede las atribuciones del organismo internacional", afirmó Pablo Urquízar, director legislativo de Comunidad y Justicia.
"Lo mínimo que debiera esperarse de los organismos de la ONU es que actúen sin discriminar ni excluir. Esto es un escándalo y deslegitima totalmente las recomendaciones que hizo el Grupo de Trabajo en materia de aborto. El proceso está viciado e ideologizado", sostuvo el jurista.
