Formalizan a funcionario del Hospital de Concepción por negociación incompatible

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Autor: Cooperativa.cl

Esto, luego de una investigación realizada por la Contraloría a diversas reparticiones públicas.

Patricio Sáez es el primer formalizado y quedó con arraigo y firma mensual.

Formalizan a funcionario del Hospital de Concepción por negociación incompatible
 ATON (Archivo)

El hombre es el primer formalizado por las irregularidades detectadas por las autoridades.

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Luego que el contralor Jorge Bermúdez advirtiera en marzo pasado que cinco funcionarios de distintas reparticiones públicas estaban siendo investigados por negociación incompatible, este martes tuvo lugar la primera formalización en Concepción.

Se trató de Patricio Sáez Bustos, jefe de equipos médicos del Hospital Regional de Concepción, quien fue formalizado en el Juzgado de Garantía penquista por dos delitos de negociación incompatible.

Esto, ya que se habría adjudicado una licitación por insumos médicos por dos millones de pesos y también por una segunda licitación -que no alcanzó a realizar- en la que estaban involucrados 20 millones de pesos.

"Los dos procesos corresponden a una licitación pública. En el primero, él participa como oferente, adjudicándose la licitación y en el segundo también participa como oferente", relató el fiscal adjunto de la Fiscalía Metropolitana Sur, Víctor Núñez, quien lleva adelante el caso.

"Es una licitación que fue declarada desierta porque no se cumplieron los requisitos técnicos, esa fue la razón por la que el segundo hecho no se concretó, sin perjuicio que a nuestro entender se dan igualmente dos delitos de negociación incompatible", añadió el persecutor.

También fue llevada al tribunal Daniela Moraga, jefa del Departamento de Inversiones del Gobierno Regional del Biobío, quien estaba cuestionada por designaciones a empresas en las que su marido participaba, no obstante fue absuelta y su causa fue sobreseída.

En el caso de Sáez Bustos, el tribunal decretó las cautelares de arraigo nacional y firma mensual por un plazo de 120 días, tiempo en que la Fiscalía debe realizar la investigación.

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