Estados Unidos confirmó a Chile su solicitud de extradición de Carlos Cardoen, empresario acusado de exportar material de guerra a Irak en la década de los 80.
En el documento -que llegó este jueves 13 de junio al Ministerio de Relaciones Exteriores y que por el momento no está en manos de la Corte Suprema- se le imputan delitos equivalentes a ilícitos aduaneros, declaraciones falsas y tráfico de armas, según consignó La Tercera.
Además, se cita una serie de hechos que aluden que Cardoen falseó permisos y declaraciones para exportar circonio desde EE.UU. a Chile.
Según el gobierno norteamericano, este elemento fue utilizado para la fabricación de bombas de racimo que luego fueron vendidas a Irak, en lugar de tener fines mineros, como el empresario había declarado.
Si bien en primera instancia se ratificó que los hechos denunciados por Washington ocurrieron entre 1980 y 1988 durante la guerra entre Irak e Irán, el documento también incluye delitos ocurridos luego de la década de los 90.
Por otro lado, entre los antecedentes adjuntados a la solicitud está la acusación de 42 páginas que la Corte Federal de Florida realizó el 26 de mayo de 1993 contra Cardoen, en la que el ex fiscal Eduardo Palmer le imputó a él y otras cuatro personas y cuatro empresas la falsificación de solicitudes de licencia de control de exportaciones de circonio.
El "indictment" indica que más de 24 mil bombas de racimo se fabricaron mediante este sistema, y el monto total que recaudó la venta de estos explosivos y otros artículos de municiones superó los 60 mil millones.
El proceso
El juicio de extradición se llevará bajo el sistema penal antiguo y en base al tratado de extradición de 1900, por lo que el ministro Carlos Aránguiz deberá revisar si los delitos aparecen en dicho pacto, y determinar una eventual prescripción de los hechos.
"Por primera vez en casi 25 años, voy a tener un espacio donde demostrar mi inocencia y donde poder defenderme", declaró Cardoen a Cooperativa luego de que se interpusiera su orden de detención a fines de marzo. El empresario está bajo arresto domiciliario total desde el 16 de abril.
El acusado será defendido por la penalista Joanna Heskia y por los abogados Juan Pablo Olmedo y Alejandro Espinoza, Alfredo Etcheberry y René García representarán a EE.UU. en este proceso.
