La Sala visó informe de la Comisión Mixta por 104 votos a favor.
El proyecto fue aprobado en la Sala de la Cámara de Diputados.
Por 104 votos a favor, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó el Informe de la Comisión Mixta respecto del proyecto que autoriza levantar el secreto bancario en investigaciones por casos de lavado de activos.
La iniciativa recogió el articulado que había sido aprobado por el Senado para ampliar el catálogo de delitos que pueden servir de base para determinar el delito de lavado de activos.
De esa manera, dicho artículo dispone presidio mayor en sus grados mínimo a medio y multa de 200 a 1.000 UTM (Entre 8,3 millones a 41,4 millones de pesos, calculado con la UTM de noviembre), a aquellos que "de cualquier forma oculten o disimulen el origen ilícito de determinados bienes, a sabiendas de que provienen, directa o indirectamente", de la perpetración de hechos constitutivos de delitos.
El proyecto entrega competencia explícita a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) para reportar operaciones sospechosas de financiamiento del terrorismo, e incorpora una norma de designación de ministros que pueden resolver levantamientos de secreto bancario solicitados por dicha unidad (norma de orden administrativo-judicial).
Además señala la obligación de las Superintendencias y otros organismos públicos de reportar operaciones sospechosas, que adviertan en el ejercicio de sus funciones, y adecua las normas y atribuciones del Servicio Nacional de Aduanas en materia de internación de dineros no declarados al país; además de efectuar variados cambios al artículo que aborda el delito de ocultamiento o disimulación del origen ilícito de determinados bienes.
Respecto de las personas naturales y jurídicas que según la Ley 19.913, están obligadas a informar sobre actos, transacciones u operaciones sospechosas que adviertan en el ejercicio de sus actividades, el cuerpo legal aprobado aumenta el monto de las operaciones en efectivo que deben informar a la Unidad de Análisis Financiero cuando ésta lo requiera, reemplazando la suma "cuatrocientas cincuenta unidades de fomento o su equivalente en otras monedas", por "diez mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en pesos chilenos, según el valor del dólar observado el día en que se realizó la operación".
También determina que los bienes incautados o el producto de los decomisados en investigaciones por lavado de activos, podrán ser destinados en conformidad a los artículos 40 y 46 de la ley N° 20.000, en todo o parte, a la persecución de dicho ilícito.
Finalmente, la iniciativa aprobada modifica la Ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques, para permitir a los fiscales del Ministerio Público, con autorización del juez de garantía, podrán requerir la entrega de todos los antecedentes o copias de documentos sobre depósitos, captaciones u otras operaciones de cualquier naturaleza, de personas, comunidades, entidades o asociaciones de hecho que sean objeto de la investigación y que se relacionen con aquélla.
