La Corte Suprema declaró inadmisible un recurso de protección presentado en contra de la Cámara de Diputados por admitir a tramitación una moción parlamentaria en la que se pide declarar la nulidad de la polémica Ley de Pesca.
En fallo unánime, la Primera Sala de febrero del máximo confirmó el fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que declaró inadmisible la acción constitucional.
La sentencia de la Corte Suprema estimó que no procede recurso de protección en contra de actos propios de la función legislativa
Según dio cuenta el fallo, "existen actuaciones que no son susceptibles de ser revisadas por esta vía".
"Así, por ejemplo, no procede el recurso de protección en contra de leyes, decretos con fuerza de ley, actos de gobierno, entendido estos como aquellos ejecutados en la esfera de la actividad política de la función ejecutiva. Lo mismo cabe señalar de los actos que son propios de la función legislativa y de las actuaciones que la integran, como la presentación de proyectos de ley, o la votación en las comisiones y en la Sala; casos en que, por lo demás, resulta imposible que pueda existir la necesidad de restablecer el 'imperio del derecho'", dice el texto.
La sentencia explicó que "lo anterior significa, en relación al recurso de protección, que mediante esta acción no se pueden impugnar actos que constituyen el ejercicio de atribuciones que el propio constituyente ha otorgado a otros órganos del Estado, como ha ocurrido en este caso, en que se pretende revisar la facultad de admitir a tramitación legislativa una moción parlamentaria, atentándose contra la congruencia y unidad que debe tener la Carta Fundamental. Estos actos integran lo que ha sido calificado por algunos autores como 'cuestiones políticas' que no son justiciables".
La iniciativa declarada admisible por la Cámara de Diputados, por la cual se presentó el recurso en contra de la corporación, fue presentada por el Partido Comunista y la Izquierda Ciudadana y busca anular la Ley de Pesca.
Esta admisibilidad sólo apunta a la forma, ya que la cuestión de fondo será analizada por la comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara Baja, a la que fue derivada la iniciativa.
