El organismo inició acciones legales contra personas vinculadas al PS, PR, DC, UDI, RN y PRI.
Todos son acusados de facilitar documentación tributaria falsa.
El SII decidió no presentar querellas contra algunos facilitadores debido a "la baja cantidad de documentos emitidos y/o al bajo monto consignado en los mismos".
El Servicio de Impuestos Internos presentó este martes ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago una nueva querella criminal por delitos tributarios en el marco del caso SQM; acción penal dirigida de manera nominativa contra 30 personas, varias de las cuales aparecen directamente relacionadas con partidos políticos.
Patricio de Solminihac Tampier, Patricio Contesse González y Ricardo Ramos Rodríguez fueron querellados en su calidad de representantes legales de SQM por haber incorporado en la contabilidad de la empresa facturas y boletas de honorarios falsas con la consiguiente rebaja indebida de la renta líquida imponible.
La querella menciona a otros 27 contribuyentes acusados de haber facilitado documentación tributaria falsa durante los años comerciales 2009 a 2013, posibilitándole a SQM la comisión de los mencionados delitos tributarios.
Dentro de éstos destacan los nombres de Roberto Javier León Araya (hijo del diputado DC Roberto León Ramírez), Humberto Osvaldo de la Maza Maillet (ex presidente del Partido Regionalista de los Independientes, PRI), Alejandro Miguel Anselmo Sule Fernández (ex diputado del Partido Radical), Mariela Loreto Molina Aguilera (ex asesora del senador socialista Fulvio Rossi) y María Alejandra Bórquez Cousiño (pareja del ex diputado UDI Cristián Leay).
La querella también incluye a María Fernanda Correa Lasa (ex miembro de Tribunal Supremo del PRI), Leticia Angélica Olavarría Cárcamo (ex candidata a diputada del PRI), a Jazmín Cecilia Pavez Borbarán (militante DC, según Ciper), a Ana Paulina Jerman Zúñiga (ex secretaria en el gabinete del subsecretario del Trabajo entre enero y diciembre de 2010), a Julio Alejandro Arenas Palma (esposo de Ana Paulina Jerman, según 24horas.cl), a Juan Carlos Montecino Tejo (quien trabajó en terreno para la campaña de Sebastián Piñera, según 24horas.cl), a Viviana Elizabeth Mora Godoy (profesional ligada a la UDI, según Ciper), a Tatiana Araceli Aránguiz Palacios (técnico en Enfermería ligada a la UDI, según Ciper) y a Manuel Óscar Rodríguez Campillay (ex candidato a consejero regional de la UDI).
Fueron querellados también como facilitadores Gilberto Avelino Müller Corvalán (padre del analista político de la UDI Gonzalo Müller) y Esteban Emilio Gal Oliva, ambos como representantes legales de la sociedad Centro de Investigaciones Sociales de Chile Ltda.; Bernardo Heiremans Velasco (representante legal de la sociedad Consultores de Administración Asociados Ltda.), Luis Enrique Saldías Varas (representante legal de las sociedades Dasco Tecnologías S.A., e Inversiones Enjoy Ltda.), Diego Alejandro Saldías Cofré (representante legal de Inversiones Enjoy Ltda.).
Completan la lista Juan Francisco Varela Noguera y Carmen María Echaurren Vial (representantes legales de la sociedad Inversiones Invercob Ltda. "empresa en la cual tuvo participación inicialmente el senador RN Andrés Allamand", de acuerdo con La Segunda); Andrés Ismael Serrano Gutiérrez y Gonzalo Juan Molina Ariztía (representantes legales de la Corporación de Asuntos Públicos), Rosa Katherine Serey Serey, Hugo Javier Miranda Alvarado; Natalia Constanza Varas Rivera y Myriam de las Mercedes Cofré Pino.
Exclusiones
"Cabe señalar que, considerando los procesos de recopilación de antecedentes concluidos a la fecha, en la presente acción penal se detalla la situación de otros contribuyentes que no fueron querellados en atención a la baja cantidad de documentos emitidos y/o al bajo monto consignado en los mismos", además de "el hecho de no existir reiteración", señaló Impuestos Internos en un comunicado (ver archivo adjunto).
De la querella se excluyeron también los nombres de quienes "pudo establecerse que efectivamente prestaron los servicios; o que al momento de conocidos los hechos por parte del SII, la responsabilidad penal ya se encontraba extinguida de acuerdo a lo establecido en el artículo 94 del Código Penal".
El comunicado del SII concluye señalando que el perjuicio fiscal ocasionado por las irregularidades mencionadas en la querella se calcula inicialmente en 1.225 millones 333 mil 793 pesos, "aunque el monto definitivo deberá ser determinado en el curso de la investigación".
