Defensorías de la Naturaleza, Derechos de la Niñez y del Pueblo serán parte del borrador constitucional

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| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los tres artículos serán organismos autónomos, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Se aprobó también, de forma parcial, el articulado correspondiente al Banco Central (BC), que será con “carácter técnico, encargado de formular y conducir la política monetaria”.

Algunos convencionales de derecha rechazaron una de las indicaciones que se debatió sobre el BC, pese a que en la Comisión fueron sus firmantes.

Defensorías de la Naturaleza, Derechos de la Niñez y del Pueblo serán parte del borrador constitucional
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Los artículos sobre las defensorías de la Naturaleza, la Niñez y del Pueblo fueron aprobados este martes por el pleno de la Convención Constitucional, por lo que serán organismos autónomos que estarán en la propuesta de nueva Carta Fundamental.

Estas propuestas se enmarcan en la votación del informe de reemplazo de la Comisión de Sistemas de Justicia y que también abordó temas como el Ministerio Público y los Tribunales Ambientales.

Sobre la Defensoría de la Naturaleza se aprobó que sea "un organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio", aunque fueron rechazadas y regresadas a Comisión las atribuciones y la dirección que tendrá.

"Tendrá por finalidad la promoción y protección de los derechos de la naturaleza y de los derechos ambientales asegurados en esta Constitución, en los tratados internacionales ambientales ratificados por Chile, frente los actos u omisiones de los órganos de la administración del Estado y de entidades privadas", es parte de lo aprobado sobre este texto.

DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ

Pasó también a la propuesta de texto constitucional, la Defensoría de los Derechos de la Niñez que, al igual que el organismo anterior, será "autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio".

La idea de esta defensoría será "la difusión, promoción y protección de los derechos de que son titulares los niños en conformidad a la Constitución Política de la República, a la Convención sobre los Derechos del Niño y a los demás tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes, así como a la legislación nacional, velando por su interés superior".

"La ley determinará la organización, funciones, financiamiento y atribuciones de la Defensoría de los derechos de la Niñez", detalla también la norma.

DEFENSORÍA DEL PUEBLO

Mientras que también fue aprobado el artículo que plantea la creación de una Defensoría del Pueblo, que "tendrá por finalidad la promoción y protección de los derechos humanos asegurados en esta Constitución, en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile, así como los emanados de los principios generales del derecho y de las normas imperativas reconocidas por el derecho internacional".

Estos serán utilizados "ante los actos u omisiones de los órganos de la administración del Estado y de entidades privadas que ejerzan actividades de servicio o utilidad pública, en la forma que establezca la ley".

En cuanto a la Dirección de la Defensoría del Pueblo, fue aprobado gran parte de su articulado, menos un párrafo, el que buscaba que "la dirección de la Defensoría del Pueblo estará a cargo de una Defensora o de un Defensor del Pueblo, quien será designado por acuerdo de la mayoría absoluta de los integrantes en ejercicio del Congreso".

APROBADO DE FORMA PARCIAL EL ARTICULADO RELACIONADO AL BANCO CENTRAL

El pleno también aprobó, de forma parcial, el articulado correspondiente al Banco Central, dado que pasó a texto constitucional la descripción de este organismo autónomo con "carácter técnico, encargado de formular y conducir la política monetaria".

Sin embargo, no fueron aprobados los artículos que tienen que ver con su objeto, atribuciones, limitaciones, integración de su consejo, responsabilidad y limitaciones de los consejeros.

Entre las indicaciones rechazadas, destaca el Objeto del Banco Central, que fue presentada por convencionales de derecha en la Comisión, aprobada en la misma instancia y que hoy fue rechazada con votos de ese mismo sector, incluidas Carol Bown (UDI) y Ruth Hurtado (Partido Republicano), firmantes de esa indicación.

Este artículo rechazado, que corresponde al 38 de este informe, generó diferencias entre convencionales por uno de sus parrafos, en el que indicaba que "el Banco, al adoptar sus decisiones, deberá tener presente la orientación general de la política económica del Gobierno".

"No me puedo hacer cargo de la votación de constituyentes de la UDI, aunque no entiendo su votación", cuestionó Rugero Cozzi (RN).

 

"Nos pueden tratar de entreguistas, de que hemos cedido a los poderes constituidos. Nosotros lo denominados prudencia; estimamos que es moderación, responsabilidad, pero lamentablemente hemos constatado que aún persisten actitudes ideologizadas e infantiles de muchos convencionales que por un prejuicio absolutamente injustificado hacia una institución de estas características han decidido botar la mayor cantidad de estas normas, fundamentales para el desarrollo de este país", fustigó Andrés Cruz (Ind.-PS).

"Vimos a convencionales de la UDI, del PC y de la Coordinadora Plurinacional votando en contra", complementó Tomás Laibe (PS).

El pleno aprobó el artículo sobre la Dirección del Servicio Civil y también la definición de la Contraloría General de la República, aunque sobre este último tema fue rechazada su forma de designar al contralor o contralora.

La propuesta era una designación por el Congreso a partir de una terna elaborada por el Consejo de Alta Dirección Pública, lo que no fue apoyado y tendrá que ser reformulado en trabajo de Comisión.

También fueron regresados a la instancia de Sistemas de Justicia una serie de otros organismos autónomos propuestos, entre ellos El Consejo de Defensa del Estado, que tuvo solo 38 votos y quedó al borde de ser eliminada del debate constitucional.

A este se sumaron los artículos sobre el Servicio Electoral, el Tribunal Calificador de Elecciones y los Tribunales Electorales Regionales, el Consejo de la Alta Dirección Pública, el Servicio Nacional de la República y la Agencia Nacional del Consumidor, todos estos nuevamente a Comisión.

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