Directora de Ciper Chile relató nexos entre el Grupo Said y personeros de todos los sectores.
Entre los "favorecidos" con los dineros se encuentran ex Presidentes y hasta un miembro de Tribunal Constitucional.
La directora de Ciper Chile, Mónica González.
La directora de Ciper Chile, Mónica González, conversó este jueves con El Primer Café sobre un nuevo caso de financiamiento irregular en la política chilena que involucra al Grupo Said y a personeros de todos los sectores.
Según un reportaje publicado por el medio, las sociedades Inversiones Caburga y Newport rectificaron pagos por más de 700 millones de pesos ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) a políticos como Enrique Correa, el ex diputado de la UDI Cristián Letelier, actual miembro del Tribunal Constitucional, Sebastián Piñera y Eduardo Frei.
"Aquí hay una larga lista de personas en que la empresa rectifica ante Impuestos Internos más de 700 millones de pesos, por decir que no hay un respaldo contable suficiente, paga intereses y multas, no se acoge a ninguna condonación", declaró González en Cooperativa.
De acuerdo con la periodista, "en este caso también hay una gran cantidad de dinero pagada a empresas de Sebastián Piñera, hay boletas y facturas pagadas a Cristián Letelier, miembro del Tribunal Constitucional, están rectificadas, pero tampoco es una gran sorpresa esto".
"Hay un ejecutivo del Grupo Said que reconoce judicialmente que Pedro Yaconi, que es el actual yerno de Eduardo Frei, y que en ese momento era miembro de su comité de finanzas de la campaña de 2009, fue a pedirle el dinero y le dan dinero, o sea, aquí hay un espectro completo en que toca a todos", añadió.
Situación de Enrique Correa
Sobre la participación del ex ministro Enrique Correa en este esquema, González apuntó que "Enrique Correa hizo una entrevista en La Tercera hace pocos días diciendo que el financiamiento por fuera del Servel no es corrupción. A mí me parece gravísimo lo que ha dicho".
"Enrique Correa es un lobbista que asesora a Soquimich, al grupo Penta, a Aguas Andinas, a la mayoría de las empresas que están en los tribunales o en investigación por financiamiento ilegal de la política", detalló la profesional de la prensa.
"Aquí hay algo claro y grave. Alguien tiene que asumir y pararse a decir 'sí, esto se hacía regularmente, lo hacíamos todos', pero no nos tomen por imbéciles. Impuestos Internos y el Ministerio Público tienen que hacer algo", concluyó la directora de Ciper Chile.
