Organismo "estimó necesario" emitir un instructivo con miras a las municipales 2016.
Enfatiza "prohibición de uso de bienes, vehículos y recursos", incluso redes sociales.
Las redes sociales de las entidades fiscales también serán fiscalizadas.
En uso de sus facultades, la Contraloría General de la República "estimó necesario" emitir un instructivo sobre la "prescindencia política para los funcionarios de la Administración del Estado", ante las elecciones municipales que se realizarán el 23 de octubre próximo.
En el documento, la entidad repasa diversas normas de las que "se desprende que los cargos públicos que sirven funcionarios, autoridades y jefaturas, deben desempeñarse con la más estricta imparcialidad, otorgando a todas las personas de manera regular y continua las prestaciones que la ley impone al respectivo servicio, sin discriminaciones".
"Cuando las autoridades afectas a estas instrucciones dispongan u organicen actos, ceremonias o eventos oficiales, que devenguen gasto público, deben procurar la igualdad de trato, en términos de oportunidad, entre los distintos sectores políticos, sea respecto de candidatos o autoridades en ejercicio", enfatiza el documento.
La Contraloría subraya que "se debe tener presente que el artículo 19 de la mencionada ley 18.575 (Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado,), señala que 'el personal de la Administración del Estado estará impedido de realizar cualquier actividad política dentro de la Administración'".
En el documento, remitido al ministro del Interior, se aclara que estas prohibiciones también rigen "para aquellos funcionarios que hayan inscrito sus candidaturas a concejal o alcalde, quienes, si bien pueden, en general, continuar ejerciendo sus cargos, no deben emplearlos en beneficio de esa candidatura".
Recursos físicos, financieros y electrónicos
El órgano dijo que "fiscalizará, especialmente, las tareas encomendadas a las personas contratadas a honorarios respecto a su efectiva ejecución y al respeto de horarios de trabajo, cuando corresponda, velando, por cierto, que se emitan los informes que en cada caso se contemplen en el respectivo contrato".
Además de las restricciones para el uso de bienes físicos y vehículos en actividades de campañas políticas, la Contraloría advierte que revisará con especial énfasis la eventual utilización de recursos financieros en eventuales actividades proselitistas.
Destaca además la mención que la Contraloría hace respecto a recursos electrónicos, desde cuentas de correo hasta redes sociales, como Twitter.
La jurisprudencia administrativa, explica la entidad, "ha precisado que no se ajusta a derecho que personal edilicio utilice un bien municipal -como la cuenta del órgano comunal, en la red social Twitter-, para emitir expresiones que no digan relación con el funcionamiento institucional, correspondiendo a la autoridad alcaldicia ejercer un efectivo control sobre la materia".
"Del mismo modo, se ha determinado que no procede la manifestación de opiniones acerca de un determinado partido político o colectividad a través del uso de la página web de una entidad edilicia -en específico, de un blog alcaldicio-, puesto que la antedicha limitación del uso de bienes que le pertenecen, tiene por objeto evitar que el patrimonio de la misma sea utilizado para finalidades distintas a las institucionales, dando cumplimiento así, al principio de probidad administrativa", se lee en el instructivo.
"El uso de los medios electrónicos, tanto las plataformas informáticas, los servidores institucionales y las casillas asignadas a los funcionarios, sólo pueden utilizarse para los fines propios del servicio o municipalidad, sin que resulte admisible su empleo con fines proselitistas", resume la Contraloría.
