Dos años después de que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querellara contra el alcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, y otras seis personas por eventuales delitos de fraude al fisco, la Fiscalía Metropolitana Sur decidió formalizar al jefe comunal por supuestos delitos de corrupción.
Las pericias realizadas en este periodo lo acusan de enriquecimiento ilícito (presuntamente cometido entre enero de 2013 y septiembre de 2017), cohecho (diciembre de 2014, febrero de 2015 y enero de 2016) y lavado de dinero (entre febrero de 2013 y mayo de 2017), según el escrito ingresado al 15° Juzgado de Garantía y consignado en El Mercurio.
La formalización de la investigación, fijada para el 27 de septiembre, aún no ha sido notificada a la defensa de Aguilera, dijo al matutino su abogada, Andrea Rivera, precisando que "no nos podemos pronunciar sobre los fundamentos o fortaleza de la imputación que se realizará. Dado que no contamos con los antecedentes suficientes para ello".
"Lo que sí podemos señalar -continuó- es que el Ministerio Público formalizará a mi representado por hechos determinados y específicos, los cuales no se relacionan con ningún hecho vinculado al narcotráfico", a pesar de que el alcalde se convirtió hace unos años en un símbolo de la "narcopolítica" en Chile.
"HOY TRIUNFA LA VERDAD", DICE COMPETIDOR DC
Aguilera no solo es candidato a la reelección este 15 y 16 de mayo, sino que muchos en su entorno aparecen inscritos como candidatos a concejales en otras comunas de la zona sur de Santiago, lo que da a entender que buscan ampliar una eventual red delictual.
Además de la querella del CDE, los concejales de la comuna han presentado un requerimiento al Tribunal Electoral para destituir al alcalde, acción que está en curso, pero de todas maneras éste podría eventualmente ganar la reelección y enfrentar estas acusaciones meses después.
El director ejecutivo de la ONG Chile Transparente, Alberto Precht, aclaró que "durante todo el proceso penal, incluso desformalizado, la persona tiene el principio de inocencia, por lo que sigue teniendo todo tipo de derechos" y, por lo tanto, Aguilera "está en su legítimo derecho para ser candidato".
"En el caso del alcalde de San Ramón, estamos recién en la primera etapa, la de formalización, cosa que evidentemente esperábamos hace mucho tiempo que ocurriera, porque los antecedentes han sido públicos desde hace más de cuatro años", indicó.
Uno de esos concejales es el postulante de la Democracia Cristiana a esa alcaldía, Gustavo Toro, quien recientemente denunció seguimientos y amenazas de muerte (de los que responsabiliza al jefe comunal). Por ello, expresó que la imputación "implica una lucha de años: una lucha por la verdad y la justicia de los vecinos de la comuna de San Ramón".
"Me siento emocionado; luego de llevar mucho tiempo siendo perseguido y amenazado, hoy día triunfa la verdad. Tenemos que ir de frente, porque este es un mandato que nos ha dado la gente (desde) el 18 de octubre. Sin duda que enfrentar la justicia y la verdad es la forma de respaldar a mis vecinos", enfatizó.
"Es inaceptable que él tenga todavía ambiciones electorales y de poder, cuando San Ramón, siendo una comuna tan humilde, no merece tener una autoridad que esté tan cuestionada", enfatizó.
"Valoro enormemente la gestión que ha hecho la Fiscalía, creo que hay un trabajo tremendo, y por supuesto que (de haber sido formalizado antes) nos hubiera favorecido para poder aclarar el panorama antes de la decisión que tienen que tomar los vecinos", añadió.
Cabe recordar que el jefe comunal renunció al Partido Socialista en 2017, mientras se investigaba un presunto abultamiento del padrón de la tienda en esa zona con decenas de militantes, todos ellos registrados con la misma dirección.
ALGUNOS FUNCIONARIOS "RECIBÍAN SUELDOS SIN EFECTUAR LABORES"
La acción penal original del CDE sostenía que los hechos estaban relacionados con el pago de honorarios improcedentes o contratación de personas sin que prestaran servicios, algo que habría sido evidenciado en el marco del programa Chile Crece Contigo.
El Consejo también le atribuye al ex PS la designación de cargos públicos afectos a inhabilidad legal, y en su última ampliación a la querella, efectuada en enero pasado, incluyó una negociación incompatible a un concejal de dicha comuna.
"De acuerdo a lo obrado en la carpeta investigativa, y en especial, del informe policial de la Brigada Investigadora de Delitos Funcionarios de fecha 31 de julio de 2018, se ha podido comprobar, hasta ahora, que en relación al proyecto 'Mejoramiento de Áreas Verdes y Espacios Públicos' de la Municipalidad de San Ramón, se procedió a contratar personas que recibieron sueldos sin efectuar labores", detalla uno de los textos.
Según testimonios de trabajadores y pericias de la PDI, a estas personas "solo les exigían iniciación de actividades para la emisión de boletas de honorarios, reconociendo haber confeccionado en algunas oportunidades boletas de algunos trabajadores analfabetos".
Por ejemplo, la policía civil detectó a un funcionario que cobró más de 2 millones de pesos entre 2016 y 2017 por estas labores aunque estaba "contratado por la empresa Hidrosym para realizar estas mismas tareas", así como la contratación de personas con antecedentes penales "vinculadas al narcotráfico, a honorarios, sin que la normativa vigente permitiera su contratación".
GOBIERNO: "NOS INTERESA QUE LAS INVESTIGACIONES AVANCEN Y LOS HECHOS SE ACLAREN"
Desde el Gobierno, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, afirmó que el interés de La Moneda es que "las investigaciones avancen, los hechos se aclaren y las responsabilidades se esclarezcan".
"Más allá de esta investigación y por eso es tan importante que la Fiscalía avance, que se realice la formalización, que se despejen todas las dudas, porque si hay algo en lo que en nuestro país deben enorgullecerse es en la fortaleza de sus instituciones", señaló la autoridad.
Según Galli, "cuando la criminalidad y la delincuencia avanzan a sus niveles de madurez mayor, no es solo delincuencia organizada, también permea o afecta las instituciones a través de la corrupción, a través del involucramiento de distintos agentes públicos en la comisión de delitos".
"Por eso mismo es tan importante que en casos como éste se avance prontamente en la investigación y se esclarezcan claramente si existen responsabilidades de algunos funcionarios públicos", enfatizó.
