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UDI presentó nuevo requerimiento en Contraloría contra Municipalidad de Santiago

Acusan el pago de 70 millones de pesos, en tres meses de trabajo, a un ex candidato a diputado del PRO.

Su labor consistía en realizar trámites administrativos para recuperar los subsidios de incapacidad laboral.

AGENCIA UNO
El partido presentó un requerimiento por el pago de 70 millones de pesos a un ex candidato a diputado del PRO.

El partido presentó un requerimiento por el pago de 70 millones de pesos a un ex candidato a diputado del PRO.

Nuevamente la UDI llegó hasta la Contraloría General de la República durante la campaña para las próximas elecciones municipales, ahora por presuntas irregularidades en la Municipalidad de Santiago.

El partido acudió al órgano contralor para presentar un requerimiento por el pago de 70 millones de pesos, en tres meses de trabajo, a un ex candidato a diputado del PRO por realizar trámites administrativos para recuperar los subsidios de incapacidad laboral.

El jefe de bancada de diputados UDI, Juan Antonio Coloma Álamos, criticó "que una persona, por hacer un trámite administrativo, esté ganando 23 millones de pesos mensuales, o sea, más del doble de lo que gana la Presidenta de la República, por simplemente recuperar platas que le pertenecen al Municipio de Santiago es no fijarse en cuidar los recursos".

En tanto, el secretario general de la UDI, Guillermo Ramírez, afirmó que "si la alcaldesa quería externalizar algo, que externalice la labor de alcalde, porque lo ha hecho pésimo. Lo que hizo es completamente ilegal y estamos en Contraloría para pedir que ese dinero se restituya".

La Municipalidad de Santiago descartó irregularidades en la contratación de Carlos Drews, porque el trabajo contratado aún no ha sido pagado, pues está en etapa de revisión de la labor realizada, por lo tanto, no puede solicitarse un reintegro del dinero, como solicitan los dirigentes de la UDI.

En paralelo, acusaron al candidato a la reelección en La Cisterna, Santiago Rebolledo (PPD), de fraccionar en nueve órdenes de compra y sin licitación previa la adquisición de tablets para colegios municipales, además de poner propaganda en los postes de luz, lo que está prohibido por la nueva ley electoral.

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