El Ministerio Público requirió a la policía que interrogue y pida informes de respaldos de asesores parlamentarios.
Además se ofició al SII para conseguir información tributaria de los prestadores externos.
El Ministerio Público solicitó a la policía interrogar y pedir informes de respaldos a asesores parlamentarios.
La Fiscalía instruyó a la Policía de Investigaciones (PDI) interrogar y pedir informes de respaldos a asesores parlamentarios, tras la negativa del Senado de entregar la información requerida.
Según El Mercurio, el Ministerio Público también ofició al Servicio de Impuestos Internos (SII) para solicitar información tributaria de los prestadores externos.
La diligencia fue manejada con hermetismo y estuvo con reserva por más de 40 días. Se ordenó a siete meses de hacerse pública la negativa del Senado a entregar los informes de respaldo por trabajos de asesorías a parlamentarios, pedidos por la Fiscalía en la investigación por un eventual fraude al fisco.
En septiembre de 2017 se revelaron asesorías realizadas por Omar Beltrán al senador Alejandro Guillier, que incluían párrafos similares a los que se encuentran en el sitio web del Congreso.
Tras interrogatorios de la PDI, el fiscal metropolitano Oriente, Manuel Guerra, calificó de "incompleta" la información que le fue remitida por el Senado, pues sólo se hizo entrega de la nómina de asesores y sus remuneraciones.
Luego de eso, el Ministerio Público no descartó obtener la información mediante una orden judicial.
Centros de estudio investigados
Según El Mercurio, se pidió información de contratos, informes, boletas de honorarios y facturas a seis centros de estudio: la Fundación Jaime Guzmán, Instituto Igualdad, Instituto de Ciencias Alejandro Lipschultz (Ical) , Instituto Libertad, Centro de Estudios del Desarrollo (CED) y el Centro de Estudios Legislativos, Administrativos, Políticos y Económicos (Celap).
Las diligencias también incluyeron a prestadores particulares que figuraban recibiendo los mayores montos desde el Congreso durante el período investigado, quienes serán interrogados en calidad de testigos y a los que se les solicitó el alzamiento voluntario de sus cuentas bancarias.
Sobre todos ellos la Fiscalía ofició además al SII pedir información tributaria para determinar el giro de sus servicios.
