"Para que no haya sospecha de utilización electoral", dijo el diputado DC, quien opinó que "desde el sentido común no cuadra" que el Mandatario no supiera de la venta de Dominga.
En paralelo, aseguró que el Gobierno no debiera pronunciarse sobre el megaproyecto minero antes de que la Corte Suprema resuelva un recurso pendiente.
El diputado Matías Walker (DC) planteó que la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera, a causa de lo publicado por los "Pandora Papers", debe esperar, para que no haya "sospecha" de un "aprovechamiento electoral" debido a la proximidad de las votaciones noviembre, y también para que primero se instale una comisión investigadora en la Cámara Baja.
Según reveló la investigación periodística, la familia de Piñera realizó en las Islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal, la compraventa del controvertido proyecto minero Dominga a su amigo de años el empresario Carlos Alberto Délano, con una controversial cláusula para el pago de la tercera y última cuota: que el sector, en la comuna de La Higuera, donde se emplaza la iniciativa, "no se transformara en una zona de exclusión o se convirtiera en un parque nacional o reserva nacional". La operación se selló a fines del 2010, en el primer Gobierno del actual Mandatario.
Tras la publicación, sectores de las oposiciones, como el Frente Amplio, el Partido Comunista y el diputado DC Gabriel Silber, anunciaron que estudian acusar constitucionalmente al jefe de Estado. De hecho, ayer hubo un reunión de las bancadas. No obstante, Walker cree que aún no se debe proceder con este libelo.
"Soy partidario en principio de establecer una comisión especial investigadora. Así como la Fiscalía va a establecer una nueva investigación en la Unidad Anticorrupción, corresponde llevar a cabo una nueva comisión especial, referente a esta arista (...) si el Presidente conocía o no de los términos de este contrato de compraventa y la cláusula que vinculaba una parte del pago del precio a la verificación de una condición que dependía de un acto de autoridad, siendo él el primer Mandatario", sostuvo Walker en El Diario de Cooperativa.
Según su postura, "debiera ser el primer paso, promover una segunda comisión especial investigadora, con un plazo acotado y mandato muy específico", siguiendo así "un escalonamiento en los medios de fiscalización".
Asimismo, "para que no exista esa sospecha de utilización electoral lo lógico es partir con eso, para indagar la efectividad de lo que asevera el Presidente, que no habría tenido conocimiento de los términos de la cláusula", apuntó.
"Además, quiero recordar, para todos los que están un poco ansiosos, que la responsabilidad política de un Presidente se puede ejercer hasta seis meses después de terminado su mandato", puntualizó el legislador por la Región de Coquimbo.
Ayer Piñera emitió una declaración pública. La decisión de vender Dominga "no me fue consultada ni informada", afirmó, subrayando además que quienes administraban entonces sus empresas optaron por proceder con la operación "precisamente para evitar cualquier asomo de conflicto de interés".
En opinión de Walker, "desde el punto de vista del sentido común ciudadano no cuadra" que el jefe de Estado no supiera sobre la transacción, remarcando que por ello es relevante proceder primero con la comisión investigadora.
[📻] Walker: Desde el puntos de vista del sentido común ciudadano no cuadra que el Presidente no supiera la venta de Dominga #CooperativaContigo
— Cooperativa (@Cooperativa) October 5, 2021
Sobre su posición respecto al megaproyecto minero en sí, siendo él representante de la zona, lo principal es "que se cumpla la institucionalidad ambiental".
"Ese ha sido siempre mi predicamento, si el proyecto cumple, tiene que ser aprobado, si no cumple, debe ser rechazado", dijo el diputado.
Por otra parte, emplazó que "el Consejo de Ministros de este Gobierno no se pronuncie sobre el proyecto; lo más prudente, dados estos hechos, es que se espere el pronunciamiento de la Corte Suprema".
En agosto pasado, la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de Coquimbo aprobó con condiciones, por 11 votos a favor y uno en contra, el polémico proyecto, rechazado por la misma instancia en 2017 y por el entonces Gobierno de Michelle Bachelet, situación que derivó en una larga pugna judicial.
Pese a ello, aún no hay luz verde para que inicie la construcción, puesto que la Suprema aún revisa un recurso de casación interpuesto en mayo por organizaciones sociales opositoras a Dominga, mediante el cual apuestan a revertir un fallo de abril del Tribunal Ambiental de Antofagasta que permitió que se llevara a cabo justamente esa votación.
Además, hay instancias de apelación ante la aprobación del Coeva, lo que, paradójicamente, podría derivar en un nuevo camino judicial, pero ahora impulsada por los detractores al megaproyecto minero portuario.
