El fiscal jefe de la Unidad de Alta Complejidad de La Araucanía, Luis Arroyo, acusó a funcionarios de la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros (Dipolcar) de realizar un montaje de pruebas para perjudicarlo, por no haber accedido a acciones fuera de la ley en el marco de la denominada "Operación Huracán", contra miembros de la CAM.
Según reporta La Tercera, el fiscal Arroyo presentó -a título personal- una querella para que el Ministerio Público investigue la situación, donde los policías habrían creado pruebas falsas para acusar a Mónica Palma, una de sus abogadas asistentes, de supuestas filtraciones a Héctor Llaitul en la causa, lo que, en la práctica, les habría permitido evitar el accionar policial.
En el libelo -acogido por el Juzgado de Garantía de Temuco- el persecutor detalla que se le notificó, el 26 de diciembre, sobre una investigación contra Palma por el presunto delito de obstrucción a la investigación, en la que además se acusa al propio Arroyo de encubrir este hecho por mantener, supuestamente, una relación sentimental con la jurista.
"Buscan dañar mi imagen y hacerme a un lado"
De acuerdo con lo descrito por el rotativo, Carabineros se valió de los mecanismos que le otorga la Ley de Inteligencia para entregarle al fiscal nacional, Jorge Abbott, los supuestos mensajes que daban cuenta de la filtración de la Fiscalía de Alta Complejidad hacia miembros de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM).
Los antecedentes incluso involucraban a un supuesto funcionario de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) identificado como "Marcos ANI" en el celular de uno de los investigados.
Este hecho fue dado a conocer públicamente el 14 de enero por El Mercurio, generando amplias repercusiones. Sin embargo, según Arroyo, se basa en construcciones y en un montaje de los funcionarios de la Dipolcar, que estaría motivado por la negativa de él a utilizar herramientas fuera de la ley para lograr éxito en las pesquisas que realizan en la zona.
Se busca "crear un daño irreparable a mi imagen, credibilidad y seriedad profesional, dado el cargo que ostento, al igual a la institución que pertenezco, quizás con la intención de hacerme a un lado a las investigaciones que dirijo, y a la vez, justificar el fracaso en sus operaciones investigativas", señala Arroyo.
El Mercurio dio cuenta de la supuesta filtración, que causó impacto público. El fiscal Arroyo dice que ésta es absolutamente falsa y fue creada para perjudicarlo.
"Hechos son absolutamente falsos"
En su escrito, el fiscal detalla que el documento entregado a Abbott dice que la situación con la abogada "podría haber estado en mi conocimiento, habiéndome inhibido de adoptar acciones en contra de dicho abogado por mantener una relación sentimental con ella".
"Para sustentar dicha imputación injuriosa, se agrega en el oficio N°202, la aparente transcripción de supuestas conversaciones vía mensajería Whatsapp entre la abogada Palma Martínez y el suscrito, que habrían tenido lugar los días 20 de octubre de 2017, 08, 18, 21 y 23 de noviembre de 2017", explica Arroyo al tribunal.
En el escrito judicial el persecutor insiste en que "los hechos relatados en dicho Oficio 202 de la Dipolcar son absolutamente falsos, jamás ocurrieron, ni nada similar a lo que allí se relata; es decir, él o los autores materiales e intelectuales del contenido de dicho oficio mienten en todo lo que allí se consigna".
Finalmente, Arroyo se refirió a la forma en que Carabineros intenta ponerlo en diversos encuentros con la funcionaria investigada fuera de la Fiscalía.
"Lo más burso e irrisorio, y que demuestra la ineptitud máxima de parte de quien o quienes inventan esta absurda historia, es que en las últimas tres ocasiones en que supuestamente me reuní con la abogada yo me encontraba fuera de Chile", ejemplifica.
Los delitos que el fiscal pide se investiguen
En la querella, Arroyo pide investigar los delitos de falsificación de documento público, denuncia calumniosa, infracción al inciso segundo del artículo 43 de la ley 19974 ( utilizar información elaborada por el sistema de inteligencia en beneficio propio), obstrucción a la investigación y violación de reserva de un funcionario público.
Además solicita iniciar una serie de diligencias, entre ellas entregar todos los antecedentes de cómo se llevó a cabo la interceptación de los supuestos mensajes hechos por los involucrados y la justificación de estos procedimientos.
Multigremial de La Araucanía: Nos parece grave
El presidente de la Multigremial de La Araucanía, Luciano Rivas, pidió dar con los responsables de los hechos denunciados y acusó la gravedad de este tipo de situaciones.
"Requerimos que quienes estén a cargo de las investigaciones por los delitos ocurridos en nuestra zona, de violencia rural y de terrorismo que hemos visto en el último tiempo deben ser abordados de la mejor forma", dijo el dirigente.
"No nos parece correcto que se estén dando estas situaciones y esperamos que se investiguen y que se dé con los responsables de quienes están haciendo cualquier tipo de entorpecimiento de la real investigación, que debe ser encontrar a los responsables de los atentados ocurridos en nuestra región y la zona sur", agregó Rivas.
