Formalizan a gerentes y funcionarios de Celulosa Arauco por contaminación en el Río Cruces: No hay medidas cautelares

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| Periodista Digital: Diego Malverde, Cooperativa.

Arriesgan una multa cuyo monto máximo es de 150.000.000 de pesos aproximadamente.

Según el Ministerio Público el hecho provocó mortandad de peces y lesiones en bañistas.

Formalizan a gerentes y funcionarios de Celulosa Arauco por contaminación en el Río Cruces: No hay medidas cautelares
 Diego Malverde, Cooperativa.

El plazo de investigación quedó fijado en seis meses.

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En el Juzgado de Garantía de San José de la Mariquina, Región de Los Ríos fueron formalizados cinco gerentes y trabajadores de la planta de Celulosa propiedad de Arauco -conocida como planta Valdivia- debido a un episodio de contaminación en el Río Cruces durante enero del año 2014.

De acuerdo a lo planteado por el Ministerio Público durante la audiencia, el hecho se produjo debido al rebalse de un químico denominado licor verde que fue vertido al río "intencionalmente y no se derivó a las piscinas de emergencias de la planta", indicó el fiscal Alejandro Ríos.

Debido a lo anterior, los funcionarios y encargados de áreas Pablo Lecaros, Mauricio Ceverio y Claudio Jara, junto a Manuel González, sub gerente de producción y Sergio Carreño, gerente de la planta fueron formalizados por la eventual infracción al artículo 136 de la ley de Pesca y Acuicultura.

La normativa sanciona "a aquellos que introdujeren sustancias que pudieran alterar o causar daños a recursos hidrobiológicos" y en este caso, según la fiscalía el hecho generó mortandad de cerca de 2.000 peces y lesiones en la piel de los bañistas del Río Cruces en el sector Rucaco, cercano a la industria.

El Ministerio Público no solicitó medidas cautelares debido a que "tienen tres objetivos: asegurar el peligro para la seguridad de la sociedad lo que (en este caso) no corresponde porque la pena es de presidio menor en su grado mínimo, la seguridad de las víctimas tampoco corresponde porque se trata de un recurso hidrobiológico y la tercera es asegurar la comparecencia (de los imputados a las audiencias) y no vemos que esté en riesgo", explicó a Cooperativa el fiscal Alejandro Ríos.

Guillermo Olate, juez titular de San José de la Mariquina detalló que "es muy difícil que (el caso) llegue al Tribunal Oral en lo Penal por la penalidad que va desde las 50 a 3.000 Unidades Tributarias Mensuales -apróximadamente- entre 2.500.000 a los 150.000.000 de pesos".

Los imputados y sus abogados se retiraron del Juzgado sin emitir declaraciones a la prensa y el plazo de investigación quedó fijado en seis meses.

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