Abogado asesor de los jóvenes afirmó a Cooperativa que los exámenes toxocológicos podrían ayudar a una recalificación del delito.
Con ello, afirmó, Felipe Osiadacz y Fernando Candia podrían enfrentarse a una pena máxima de dos años.
Fernando Candia y Felipe Osiadacz están detenidos desde agosto del año pasado en Malasia.
El abogado asesor en el caso de los chilenos detenidos en Malasia, Juan Carlos Manríquez, se refirió a la investigación en contra de Fernando Candia y Felipe Osiadacz, y aseguró que la presencia de drogas en la víctima es "un elemento muy relevante".
Este martes tras la audiencia, se pospuso el juicio hasta el próximo 24 de octubre. El lunes además se conoció que la víctima, identificada como Yusaini Bin Hisham tenía anfetaminas y metanfetaminas en la sangre. Los jóvenes dieron negativos a los análisis toxicológicos y de alcohol.
Según el abogado, la presencia de drogas "es un elemento muy relevante que fue sostenido desde el inicio también por los padres de estos jóvenes y también por ellos mismos en el análisis inicial de la carpeta".
El abogado explicó que al igual que en el sistema chileno, "la muerte tiene que ser consecuencia necesaria de la conducta u omisión de quien se atribuye el acto homicida" por lo tanto la presencia de drogas en el cuerpo podría haber provocado el fallecimiento.
En el caso, por ejemplo, de provocar que "un síncope cardíaco se desate más rápido y en consecuencia esa persona fallezca antes que por las labores de defensa de los que aparecen hoy día como acusados, producto de su estado físico deficiente, en consecuencia la muerte no va a ser efecto de la conducta que se les atribuye a los acusados y no se les va a poder levantar un cargo de homicidio".
El abogado aseguró que en la investigación, "la defensa ha ido en la línea correcta".
Además aseguró que el objetivo principal es que sean absueltos, pero si no es así, "podrían ser enmarcados en lo que equivale a una especie de cuasidelito en el sistema penal chileno, que allá se llama muerte por negligencia", lo que habilitaría en el peor de los casos una pena de dos años y multa que podría reducirse incluso a la mitad.
