El canciller Muñoz enfatizó que "no se hará nada para perjudicar la relación bilateral".
En esa línea dijo que "vamos a mantener esto en el nivel que corresponde".
El Gobierno venezolano acusó este lunes al de Chile de haber hecho "juicios de carácter injerencista" en relación a la condena de Leopoldo López.
El Gobierno se refirió este martes a la acusación de Venezuela de injerencia por haber hablado de la condena del líder opositor venezolano Leopoldo López, remarcando que se hará "todo lo necesario" para expresar sus puntos de vista, pero aseveró que con ello no busca "perjudicar la relación bilateral".
"Haremos todo lo que sea necesario para poder expresar nuestros puntos de vista, de acuerdo a lo que corresponda", subrayó el ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz.
El Gobierno venezolano acusó este lunes al de Chile de haber hecho "juicios de carácter injerencista" en un comunicado alusivo al proceso contra el opositor Leopoldo López y le instó a evitar "inmiscuirse en los asuntos internos" de Venezuela.
"Aquí en Chile, respetamos esas opiniones pero vamos a mantenernos por ahora en las comunicaciones que ambos países han tenido con respeto y convicción", remarcó el canciller Muñoz.
Según el ministro, "no se hará nada para perjudicar una relación bilateral, si bien es cierto que tenemos diferentes puntos de vista".
Asimismo, manifestó el deseo del Gobierno chileno de "mantener esto en el nivel que corresponde".
"Hay una relación histórica entre Chile y Venezuela, queremos que se mantenga con respeto, en el marco de las normas internacionales", agregó.
Respecto al rechazo que manifestaron de manera pública los expresidentes chilenos Eduardo Frei y Ricargo Lagos ante la sentencia dictada a Leopoldo López, el canciller recalcó que "son sus puntos de vista y deben ser respetados como opiniones personales".
López, dirigente del opositor Voluntad Popular (VP) que está encarcelado desde febrero de 2014, fue sentenciado el pasado jueves a 13 años, 9 meses, 7 días y 12 horas de prisión.
Se trata de la mayor condena posible por los delitos de instigación pública, asociación para delinquir, daños a la propiedad e incendio atribuidos al dirigente por los hechos violentos ocurridos al final de una marcha convocada por él y otros, el 12 de febrero de 2014.
