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Matrones y proyecto de aborto: Sabemos cuál es nuestro rol frente al delito

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Autor: Cooperativa.cl

Gremio colegiado aclaró que la "confidencialidad termina cuando estamos frente a un delito".

Esto tras la carta que envió la Corte Suprema a la Cámara de Diputados cuestionando aspectos del proyecto

Matrones y proyecto de aborto: Sabemos cuál es nuestro rol frente al delito
 Colegio Matrones A.G.

Los dirigentes del gremio llegaron en enero pasado a La Moneda al firmarse el proyecto de ley.

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El Colegio de Matronas y Matrones de Chile salió al paso de lo declarado desde la Corte Suprema, instancia que advirtió que el proyecto de ley que busca despenalizar el aborto en tres causales específicas puede "constituirse en un espacio de impunidad" en casos de delitos sexuales con menores de edad.

La líder del gremio Anita Román dijo que "las personas deben estar tranquilas", ya que el proyecto en cuestión "no dejará impune eventuales delitos de violación".

"Las matronas y matrones de Chile sabemos cuál es nuestro rol frente al delito. Queremos decirles a las personas que deben estar tranquilas, pues el proyecto de ley no dejará impunes los delitos de violación", indicó la dirigenta.

"El derecho de confidencialidad termina cuando estamos frente a un delito. No permitiremos que una menor violada, que ha sido dañada física y psicológicamente, sea expuesta públicamente y ahí rige la confidencialidad, pero se procederá, de todas maneras, a la denuncia del delito, porque ese es nuestro deber como profesionales de la salud", agregó la matrona.

Anita Román añadió que deberá analizarse en la iniciativa de qué forma el resguardo de la confidencialidad no interfiera con el derecho a justicia, pero independiente de la decisión de continuar o no con un embarazo derivado de un abuso, "eso no significa en ningún caso que los abusos sexuales queden sin ser sancionados", afirmó.

Mientras el Gobierno se mostró dispuesto a realizar modificaciones al proyecto, desde la derecha valoraron las objeciones de la Corte Suprema sobre menores que acudan a pedir la interrupción del embarazo "sin que se investigue penalmente el eventual delito", producto de un conflicto entre la confidencialidad y la denuncia.

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