"Su caso demuestra que necesitamos debatir y legislar como país", dijo Claudia Pascual (PC).
Recordó las "las recomendaciones de diversos órganos internacionales" en este sentido.
El caso de la mujer detenida grafica la "vulneración de derechos que afecta en específico a las mujeres", dijo Pascual.
La ministra del Servicio Nacional de la Mujer, Claudia Pascual, expresó "solidaridad" hacia la mujer de 25 años que fue detenida el fin de semana en el Hospital Carlos Cisternas de Calama luego de que un ginecólogo la denunciara por haberse realizado un aborto.
"Solidarizamos con la mujer que fue detenida por interrumpir su embarazo. Su caso demuestra que necesitamos debatir y legislar como país", manifestó Pascual en un comunicado difundido por el Sernam.
"Lo primero que queremos manifestar es nuestra solidaridad con Karen, la preocupación que tenemos por su estado de salud y la difícil situación que vivió estando hospitalizada y luego detenida en el Hospital de Calama por haber recurrido a una práctica de aborto", agregó la ministra comunista.
A su juicio, "estas situaciones son las que hacen necesario que tengamos un debate serio, con altura de miras y tomando en cuenta las recomendaciones que diversos órganos internacionales han formulado al Estado de Chile en relación con la vulneración de derechos que afecta en específico a las mujeres, al estar penalizada la interrupción del embarazo en nuestro país".
La secretaria de Estado agregó que "la Agenda de Género del Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet se hace cargo de la realidad que viven las mujeres de nuestro país, cuando se ven enfrentadas a situaciones como las que vivió Karen. Por esta razón se envió un proyecto de ley al Congreso, que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en caso de tres causales específicas", recordó.
Confidencialidad versus denuncia
El proyecto de despenalización fue presentado por Michelle Bachelet el 31 de enero y el pasado 17 de marzo comenzó su tramitación en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.
Chile junto a El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Malta y El Vaticano son los únicos seis países del mundo donde está penalizado el aborto terapéutico. La prohibición la implantó la dictadura en 1989, poco antes de dejar el poder, al modificar el artículo 119 del Código Sanitario de Salud, que desde 1931 lo permitía.
Pascual subrayó que la iniciativa gubernamental busca dejar establecido que el deber de confidencialidad es superior al deber de denuncia, para así permitir "que la relación médico-paciente no esté condicionada por la amenaza penal, asegurando el resguardo de la salud integral de la mujer", indicó el Sernam.
La joven de 25 años aludida por Claudia Pascual ingresó el sábado al Hospital de Calama con una hemorragia vaginal y un fuerte dolor abdominal. El ginecólogo que la atendió en el servicio de Urgencia encontró restos de misoprostol, fármaco para úlceras cuyos efectos secundarios se usan para abortar. El galeno denunció el aborto a Carabineros, que detuvo a la joven en el mismo recinto.
El tema de la reserva versus la denuncia ante casos de aborto ha sido objeto de debate en el ámbito médico y político durante los últimos días. En este sentido, la ministra de Salud, Carmen Castillo, explicitó ayer que para el Gobierno debe primar "la confidencialidad por sobre la denuncia".
