El Ministerio de Salud tiene plazo hasta diciembre para su implementación.
Carmen Castillo aseguró que "si se dan casos en estos días hay que ir viendo caso a caso".
Castillo reiteró que existe una ventana de 90 días antes de la implementación de la ley.
La ministra de Salud, Carmen Castillo, aseguró que se deben analizar las posibles respuestas a las solicitudes de aborto por violación en el periodo previo a la implementación de la ley que despenaliza la interrupción del embarazo en tres causales.
Tras el sobreseimiento de un ginecólogo que efectuó dos abortos en Copiapó en 2014, Castillo aseveró que "si se dan casos en estos días hay que ir viendo caso a caso, porque el hecho es que en estos momentos no podríamos brindar la atención, sino que tendríamos que ver cómo podemos dar respuesta frente a una situación que en este momento no está regulada por el sistema, porque nosotros tenemos este margen de 90 días".
Cabe recordar que la ley ya fue promulgada, pero no ha sido publicada en el Diario Oficial, razón por la que el Minsal tiene plazo hasta diciembre para su implementación.
Matronas llaman a agilizar implementación de la ley
Ante esto, la presidenta del Colegio de Matronas, Anita Román, llamó al Minsal a agilizar la implementación de la ley.
"Aún no estando el reglamento la ley existe y el Estado tendrá que hacerse cargo de las disposiciones que tiene hoy día, si se produce la necesidad de dar la prestación, independiente del protocolo, que será más específico frente al acompañamiento, hoy día hay como resolver el problema", manifestó al dirigenta.
En paralelo, Raúl Palma, defensor regional de Atacama, explicó que existen dificultades para comprobar en forma retroactiva las razones para la realización del aborto.
"Efectivamente desde el punto de vista penal las otras situaciones son un poco más complicadas, el riesgo de vida de la madre puede ser un poco más fácil de acreditar, pero la inviabilidad por ejemplo del feto también es una situación un poco más compleja", indicó.
"En general yo diría que la más nítida, la más clara es la situación en la cual las personas acuden al médico cirujano para practicarse una interrupción del embarazo es producto de una violación", sostuvo.
Fiscalía analizará caso a caso
Según los antecedentes presentados por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional para defender la iniciativa, entre 2005 y 2016 fueron 386 las mujeres formalizadas por le delito de aborto y de ellas, menos de la mitad, 149, tuvieron alguna condena, mientras que la Fiscalía detalló que en 2016 hubo 26 denuncias por delitos de aborto.
Ante esto, el Ministerio Público evalúa si existen más casos como el registrado en Copiapó, aunque advierten que de existir "serían muy pocos".
"¿Qué vamos a hacer con los caso que estén en la misma situación? Primero, revisarlos todos, y verificar que los antecedentes y las circunstancias que estén dentro de las hipótesis de la causal que despenaliza el aborto en caso de violación. Si eso ocurre, vamos a facilitar el término del sobreseimiento, porque es lo que corresponde", dijo el jefe de la unidad de delitos sexuales de la Fiscalía Nacional, Luis Torres, dijo que se estudiarán caso a caso.
"Creemos que son muy pocos casos si es que los hay, porque en general los ingresos por estos delitos no son muy significativos", añadió.
