El fin de semana una mujer de 25 años fue detenida en el Hospital Carlos Cisternas de Calama luego de que un ginecólogo la denunciara por haberse realizado un aborto. La información, conocida ayer, generó un inmediato debate y provocó reacciones desde el Ministerio de Salud, el Congreso y el Colegio de Matronas.
El subsecretario de Salud Pública, Jaime Burrows, reconoció que "existe una norma que señala que hay que hacer la denuncia", pero recordó que a fines de 2014 el Minsal envió un instructivo a todos los hospitales donde llamó a hacer primar la reserva en la atención de los pacientes cuando se detecte un caso de aborto.
"Lo que nosotros hemos instruido como Ministerio de Salud, en virtud de la necesaria confidencialidad y el trabajo médico, es que los profesionales que atienden a la mujer que se ha provocado aborto que no se conviertan en agente de interrogatorio a esas mujeres, porque lo único que hacen es disminuir la calidad de la atención", dijo Burrows.
El proyecto de despenalización del aborto en tres causales presentado por el Gobierno resguarda el derecho a la confidencialidad y ya se debate al interior de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.
El presidente de la instancia, Juan Luis Castro (PS), dijo a propósito del caso de Calama que el instructivo del Minsal "hay que sacarlo de los escritorios y ponerlo de verdad en conocimiento de los médicos de guardia, los que hacen turnos de urgencia".
Castro dijo que la confidencialidad contemplada en el proyecto del Gobierno "no se trata de dejar libres a los violadores sólo para que haya una decisión íntima y en conciencia (de la víctima)".
"Se trata de perseguir a los abusadores, pero al mismo tiempo garantizar que una mujer que ha sido abusada cumpla con el criterio para interrumpir el embarazo si toca esa dramática situación", explicó el ex presidente del Colegio Médico.
"Peligroso"
Desde la UDI el presidente interino, Javier Macaya, defendió la actuación del médico que denunció a la mujer, y afirmó que la reserva propicia la "impunidad" ante el delito de aborto.
Los médicos "tienen la obligación, al igual que los funcionarios públicos, al igual que un montón de personas que están delimitadas y establecidas en el Código Procesal Penal, de denunciar la ocurrencia de delitos de los que tomen conocimiento en función de su cargo", dijo Macaya.
Lo contrario "deja en un manto de impunidad que para nosotros es peligroso y que, quizás, da cuenta de las verdaderas intenciones de algunos que pretenden imponer una agenda de aborto libre en Chile", agregó el líder gremialista.
Esa agenda "yo creo que es importante transparentarla, discutirla sin eufemismos de esa manera", agregó el diputado, que es también miembro de la Comisión de Salud.
"Lo que importa es salvar a la mujer"
El tema también genera debate al interior del mundo académico. Mauricio Besio, ginecólogo obstetra de la Red Salud UC y director del Centro de Bioética de la UC, defendió la reserva y llamó a poner en relieve la salud de la mujer que decide abortar.
"Para el médico es muy importante saber qué es lo que se hizo para provocarse el aborto, porque de eso va a depender la urgencia del tratamiento. No le corresponde a él hacer de policía ni de juez, sino que solamente le importa salvar a la mujer de su peligro de salud", manifestó Besio, magíster en Fundamentación Filosófica de la Universidad de los Andes.
