Este lunes serán alegatos por la apelación al recurso de protección presentado por pescadores de la Caleta de Lo Rojas.
Organizaciones sociales de la zona buscan mantener la termoeléctrica cerrada.
La compañía asegura que son cerca de 130 millones de dólares el costo que han debido asumir por paralización.
En la Sala Constitucional de la Corte Suprema se desarrollarán los alegatos este lunes por la apelación al recurso de protección presentado por pescadores de la Caleta de Lo Rojas, de Coronel, en contra de la operación de la central termoeléctrica Bocamina.
El 30 de mayo pasado la Corte de Apelaciones de Concepción acogió el libelo y ordenó que la unidad, paralizada desde el 16 de diciembre del 2013, no podrá operar mientras Endesa no instale un desulfurizador y asegure que la producción no provoca impacto en el medio ambiente.
La compañía apeló a este fallo, al igual que los abogados de los pescadores que encontraron insuficientes las medidas adoptadas por el tribunal de alzada penquista.
En su apelación, Endesa incluyó entre los documentos presentados ante la Corte Suprema el flujo operativo o Ebitda del primer semestre de su matriz Enersis, con las pérdidas que ha arrojado la paralización de Bocamina II.
Los pescadores y organizaciones sociales de la zona buscan mantener la termoeléctrica cerrada. Uno de los dirigentes de los pescadores y algueros de la zona, Hernán Cortés, llamó a la compañía a asumir las consecuencias de sus actos.
"Respecto a las cantidad de millones que están perdiendo ellos, bueno, es un tema que ellos tienen que haber evaluado al comenzar esta puesta en marcha y no esperar que nosotros denunciáramos. Se supone que las empresas deben cumplir las normas legales, cumplir la ley, por lo tanto uno entiende que una empresa que se instala debe -por lo menos- cumplir las normas", expresó.
Cortés añadió que "si esto no es así, tienen que asumir las consecuencias".
Descartan presiones a tribunales
Lorenzo Soto, uno de los abogados que representa a los pescadores y quien postula que el proyecto Bocamina debe ser sometido a una nueva evaluación ambiental, descartó que las presiones de la compañía generadora afecten a los tribunales.
"La misma Bocamina que con un fallo de la misma Suprema con anterioridad también se establecieron duras condiciones por la propia Corte Suprema y, desde ese punto de visa, confíamos en la independencia absoluta del máximo tribunal del país", dijo.
En mayo, Endesa propuso crear un fondo de 13 mil millones de pesos para Coronel. Además hasta la fecha, la empresa ha llegado a acuerdo con más de 400 familias de La Colonia, que es la población más cercana a la termoeléctrica.
Silencio desde Endesa
Previo a esta revisión de la causa, Endesa ha mantenido silencio. Aunque hay un reconocimiento de las pérdidas por el cierre de Bocamina en su estado financiero enero-junio, donde mencionan 130 millones de dólares como costo de la paralización y la disminución de un 3 por ciento de la producción de energía.
Paralelamente, Endesa enfrenta una investigación en la Superintendencia del Medio Ambiente, luego que en febrero de este año el representante de Tecnimont, la empresa encargada de construir Bocamina II, Adolfo Giaretti, reconociera que los trabajos no respondieron a lo ordenado en la Resolución de Calificación Ambiental aprobada por el Servicio de Evaluación Ambiental.
