La Superintendencia de Salud recibió 125 reclamos por esta causa entre enero y septiembre.
"Es totalmente irregular condicionar la atención de un paciente a la entrega de un documento en garantía de pago", dice la entidad.
El Hospital Clínico de la Universidad de Chile figura como una de las instituciones con más reclamos en la Región Metropolitana.
La Superintendencia de Salud recibió entre enero y septiembre de este año un total de 125 reclamos a nivel nacional en contra de 50 clínicas y hospitales por incumplientos de la Ley de Urgencia Vital.
Esta normativa, vigente desde el año 2009, prohíbe a las instituciones de salud condicionar a la entrega de un cheque en garantía, pagaré firmado en blanco o dinero la atención de un paciente que esté en riesgo vital o que pueda tener una secuela funcional grave, caída de altura con daños compllicados, quemaduras en el cuerpo, entre otras. Sin embargo, recintos privados y públicos continúan con la práctica.
De hecho, durante el 2013 se recibieron 134 denuncias por esta causa.
"Nos llama la atención esta tendencia, porque es totalmente irregular condicionar la atención de un paciente a la entrega de un documento en garantía de pago", dijo el superintendente de Salud, Sebastián Pavlovic, al diario La Segunda.
"Nuestro objetivo es reducir esa cifra y lograr la implementación cotidiana de esta ley sin que haya reclamos. Queremos que 2015 se convierta en el año de los derechos y deberes de paciente, fortaleciendo el empoderamiento ciudadano", indicó Pavlovic.
"Preocupante"
Según cifras de la Superintendencia reproducidas por el vespertino, del total de reclamos a nivel nacional (que no necesariamente son acogidos), 63 corresponden a establecimientos de la Región Metropolitana, entre los que destacan la Clínica Indisa, el Hospital Clínico de la Universidad Católica y Hospital Clínico de la Universidad de Chile, todos con ocho casos; la Clínica Tabancura, con siete denuncias; las clínicas Avansalud y Vespucio, con cinco reclamos, y la Clínica Dávila, con cuatro.
Consultados por el diario, los hospitales clínicos de las universidades de Chile y Católica negaron exigir cheques en garantía por atenciones en sus servicios de urgencia ni condicionar la atención de un paciente en situación de riesgo vital o emergencia.
"Aún cuando un porcentaje de estos reclamos pueda ser declarado improcedente, es preocupante que sigan existiendo problemas de información e implementación de la ley por parte de las personas a cargo de la recepción de pacientes en los servicios de urgencia", señaló el superintendente.
El director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, Héctor Sánchez, dijo al diario que hay que poner las cifras en contexto y considerar que "la Superintendencia recibe un promedio de 14,6 reclamos al mes en una industria de 5.000 camas". Por ende, la cifra "no es muy relevante".
Sánchez cree que "la ley se cumple en un muy alto porcentaje, lo que demuestra que las personas están informadas, que las instituciones cumplen y la Superintendencia fiscaliza". Las fallas responderían a falta de capacitación del personal que atiende al público, dijo.
Sebastián Pablovic indicó que la tramitación de los reclamos ya está en su etapa final y este mismo mes estarán listas las primeras sanciones. Éstas van de las 10 a las mil UTM (431 mil a 43 millones de pesos) y la suspensión hasta por 180 días para otorgar prestaciones AUGE, además de la eliminación del registro de instituciones acreditadas hasta por dos años.
