El subsecretario de Prevención del Delito, Antonio Frey, explicó a Cooperativa en qué consiste la campaña que se lanzó ayer para que las personas entreguen en forma voluntaria sus armas o municiones, y las modificaciones legales que buscan aumentar las penas por delitos que involucren armamentos o explosivos.
La "Campaña de Entrega Voluntaria de Armas y Municiones" fue presentada ayer por el propio subsecretario, el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, y el general director de Carabineros, Gustavo González.
La medida busca desincentivar al uso de armas, invitando a quienes posean una a entregarla en forma absolutamente anónima en cualquier comisaría o móvil de Carabineros.
Incluso se habilitó un teléfono, el 800 377 707, en el que una persona puede pedir que un funcionario policial vaya a su propia casa a retirar el artefacto.
Esta campaña, explicó la autoridad, se enmarca dentro de la nueva Ley de Armas, que "persigue sancionar fuertemente el uso y porte de armas ilegales para disminuir la peligrosidad de los delitos".
(Foto: Ministerio del Interior)
La norma aborda nuevas situaciones y nuevos hechos. Por ejemplo, "armas hechizas y artesanales, que no estaban en la legislación; el traspaso a menores de edad, que tampoco estaba considerado; el tema de las balas locas y artefactos explosivos, que están en la legislación Antiterrorista, (para) también consignarlos aquí".
Pretende "plasmar también el tema del uso de artefactos explosivos como una sanción que se puede hacer fuera de la Ley Antiterrorista".
Esto incluye el robo de cajeros automáticos, ya que "aquél que utilice tanto elementos explosivos como armas para cometer un delito tiene una suma de condenas, o sea, tiene la condena que se aplica por el delito, por ejemplo el robo con violencia, más el porte de arma".
Por lo tanto, "en el caso de un robo o asalto a mano armada, que arriesgaba entre cinco y 20 años la persona que lo perpetraba, ahora arriesgan entre ocho y 25 años de condena sin derecho a beneficios".
